¿En qué momento una parte del periodismo comenzó a confundir su responsabilidad de informar con la conveniencia de defender intereses ajenos? ¿Cuándo la independencia dejó de ser un principio profesional para convertirse en una credencial que algunos exhiben públicamente mientras sus actuaciones revelan compromisos políticos, económicos e ideológicos difíciles de disimular?
El periodismo nunca ha estado completamente divorciado de las ideologías ni de los intereses que influyen en la sociedad. Los periodistas, como cualquier ciudadano, tienen convicciones, simpatías y posiciones frente a los acontecimientos. El problema comienza cuando esas preferencias dejan de ser una expresión legítima del pensamiento individual y pasan a determinar qué se investiga, qué se cuestiona, qué se justifica y qué resulta conveniente ocultar.
El debate político es indispensable en cualquier sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como análisis periodístico lo que en la práctica funciona como una confrontación entre defensores de intereses previamente definidos. Algunos panelistas parecen acudir a los estudios no para examinar los acontecimientos, sino para encontrar la manera de acomodarlos a las conveniencias de sus respectivas causas. Los hechos terminan siendo secundarios; lo verdaderamente importante es conseguir que los propios siempre tengan razón.
Pero reducir esta deformación del periodismo al escenario político sería ignorar buena parte del problema. También existen intereses empresariales, económicos, judiciales y personales que condicionan el comportamiento de determinados comunicadores. El rigor con que se cuestiona a un funcionario puede desaparecer cuando el entrevistado es un empresario influyente, un patrocinador o alguien cercano al entorno del periodista. Entonces, las preguntas incómodas parecen perder importancia y la entrevista se transforma en una oportunidad para justificar actuaciones, antes que en un ejercicio de escrutinio público.
Una entrevista periodística no tiene que ser hostil ni convertirse en un interrogatorio judicial. Sin embargo, tampoco puede reducirse a una conversación complaciente en la que el invitado exponga sus argumentos sin enfrentar las preguntas que razonablemente exige el interés público. Cuando el entrevistador evita contradicciones evidentes, omite asuntos fundamentales o parece más preocupado por preservar la comodidad de su interlocutor que por esclarecer los hechos, cabe preguntarse si estamos ante una entrevista periodística o una operación de relaciones públicas.
Esta situación tampoco es exclusiva de República Dominicana. En distintos países, medios de enorme influencia mantienen posiciones editoriales identificables y participan activamente en confrontaciones políticas e ideológicas. Tener una línea editorial no constituye, por sí mismo, una falta profesional. La distorsión aparece cuando esa orientación determina el tratamiento de los hechos. Los errores de los adversarios merecen investigaciones, titulares y condenas, mientras situaciones semejantes de los sectores afines encuentran explicaciones extraordinariamente comprensivas. La indignación, aparentemente, también tiene preferencias.
A ello se suma una práctica particularmente dañina: la normalización de la desinformación. Las noticias falsas, las declaraciones sacadas de contexto, las acusaciones presentadas como verdades concluyentes y las omisiones deliberadas se utilizan para construir relatos que poco tienen que ver con la realidad. Ni siquiera es necesario inventar completamente una noticia. En ocasiones basta con seleccionar una parte de los hechos, silenciar el resto y presentar el resultado como una información rigurosamente elaborada. Una manipulación que adquiere mayor gravedad cuando proviene de quienes se presentan como profesionales comprometidos con la verdad.
Las redes sociales han multiplicado el alcance de estas prácticas. Una afirmación sin sustento puede circular miles de veces antes de que alguien se interese por comprobarla. Mientras las rectificaciones suelen recibir una atención limitada, las acusaciones originales continúan produciendo efectos. La velocidad ha terminado imponiéndose sobre la verificación en determinados espacios, y algunos parecen haber descubierto que una falsedad suficientemente repetida puede resultar más rentable que una verdad debidamente comprobada.
Quizá uno de los aspectos más irritantes sea la naturalidad con que determinados periodistas y comentaristas pretenden imponer sus interpretaciones al público. Hablan con una seguridad que no siempre corresponde a la solidez de sus argumentos, descalifican cualquier información que contradiga sus posiciones y presentan sus opiniones como conclusiones indiscutibles. Actúan como si los ciudadanos fueran incapaces de advertir sus contradicciones, identificar sus silencios o reconocer cuándo una supuesta explicación periodística no es más que una defensa de intereses cuidadosamente presentada.
La independencia no se demuestra proclamándola frente a una cámara ni repitiéndola desde un micrófono. Se demuestra cuando el periodista es capaz de formular las mismas preguntas incómodas a quienes admira y a quienes cuestiona; cuando investiga con igual rigor a sus aliados y adversarios, y cuando reconoce hechos que contradicen sus propias convicciones. Lo demás puede ser opinión, militancia, propaganda o relaciones públicas, actividades que tienen sus propios espacios, pero que no deberían confundirse deliberadamente con el ejercicio independiente del periodismo.
Tampoco se trata de exigir periodistas sin ideología. Pueden ser de derecha, de izquierda, liberales, conservadores o socialistas. Lo que no pueden pretender es que sus convicciones constituyan verdades infalibles y que cualquier argumento contrario deba ser desacreditado, incluso cuando esté respaldado por evidencias. La libertad de pensamiento no concede licencia para manipular la información, mucho menos para utilizar el prestigio de una profesión como instrumento de defensa de intereses particulares.
Por supuesto, existen periodistas y medios que mantienen estándares profesionales, investigan con independencia y cuestionan a los distintos sectores del poder. Precisamente por respeto a ese ejercicio responsable resulta necesario señalar a quienes contribuyen a deteriorar la credibilidad de la profesión. Porque una cosa es ejercer el periodismo con una perspectiva propia y otra utilizarlo como fachada para desarrollar una actividad de vocería que, por conveniencia, prefiere no reconocer su verdadera naturaleza.
Lo preocupante no es solamente que estas prácticas existan, sino la facilidad con que comienzan a aceptarse como normales. Que la manipulación se confunda con habilidad comunicativa, que la complacencia se presente como equilibrio y que el silencio selectivo termine justificándose como una decisión editorial. Peor todavía, que quienes participan de esas conductas pretendan impartir lecciones de ética profesional a los demás, como si la credibilidad pudiera adquirirse mediante declaraciones de principios y no mediante actuaciones consecuentes.
Una sociedad democrática necesita periodistas capaces de cuestionar al poder, cualquiera que sea su naturaleza, y ciudadanos con acceso a información que les permita formar sus propios criterios. No necesita comunicadores dedicados a justificar a unos y condenar a otros según las conveniencias del momento, mientras se atribuyen una independencia que sus propias actuaciones desmienten.
Porque cuando un periodista comienza cada jornada pensando cómo acomodar los hechos a sus preferencias, en lugar de preguntarse qué ocurrió realmente, ha dejado de buscar la verdad para dedicarse a defender intereses. Y podrá seguir llamándose independiente, pero eso no significa que lo sea.
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
bienvenidocheco@hotmail.com
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