Santo Domingo;- La polémica estalló en la red social X (antes Twitter) luego de que el usuario Rafael Beriguete difundiera un capture de pantalla de una publicación realizada en octubre por un medio afín al gobierno, relacionada con pagos de SENASA por un software no implementado entre 2017 y 2019, acompañado del mensaje «Qué sean todos!!!».
La publicación fue interpretada como un intento de defensores del oficialismo de mezclar gestiones y responsabilidades en medio del actual escándalo por un presunto fraude multimillonario que involucra a funcionarios vinculados al PRM, buscando presentar el caso como un problema generalizado y no como una estructura con responsables identificados.
La reacción más dura vino del exdirector de SENASA, Chanel Mateo Rosa Chupany, quien respondió de manera airada al señalamiento, rechazando cualquier insinuación de que su gestión forme parte del entramado actualmente investigado.
En su respuesta, Chanel utilizó un lenguaje subido de tono contra Beriguete, "Come mierda , miserable, cobarde , lees el expediente y mira que dices que en tu gestión se boicoteo la ejecución de ese programa, Hijo de tu maldita madre", acompañó su mensaje con una imagen que corresponde a un fragmento del expediente acusatorio, específicamente a la solicitud de medida de coerción.
El documento mostrado recoge pruebas testimoniales y delaciones que describen sabotaje interno, boicot a programas tecnológicos y maniobras financieras, señalando responsabilidades concretas durante otra administración, lo que, según Chanel, desmonta el intento de “embarrar a todos” mediante titulares fuera de contexto.
Este intercambio dejó al descubierto una estrategia recurrente en redes sociales: el uso de publicaciones de medios afines al gobierno y capturas antiguas para diluir culpas en momentos de crisis, frente a la respuesta de quienes exigen que las responsabilidades se establezcan a partir de expedientes judiciales y no de consignas.
La discusión se amplificó en X, donde el foco dejó de ser el simple titular compartido y pasó a centrarse en la diferencia entre propaganda política y documentación judicial con valor probatorio.


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