Argentina, Chile, Bolivia, Honduras y Colombia ofrecen ejemplos de un desplazamiento político hacia la derecha, aunque con circunstancias y protagonistas diferentes. Javier Milei llegó al poder en Argentina proclamando la motosierra como símbolo de su proyecto económico; José Antonio Kast alcanzó la presidencia chilena desde una corriente conservadora asociada históricamente con reivindicaciones del legado de Augusto Pinochet; Bolivia puso fin a casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo, mientras Colombia eligió a Abelardo de la Espriella, representante de una derecha nacionalista que ha convertido la seguridad y la confrontación política en elementos centrales de su discurso.
Lo verdaderamente desconcertante no es que existan sectores acomodados que respalden proyectos favorables a la reducción del Estado y a la liberalización económica. Eso tiene una explicación ideológica y material relativamente comprensible. Lo que merece mayor atención es que trabajadores, desempleados y familias de escasos recursos puedan respaldar propuestas que amenazan servicios públicos, subsidios y mecanismos de protección social de los cuales dependen. Naturalmente, no todos los electores de derecha pertenecen a esos sectores ni todos sus programas contemplan las mismas medidas. Pero la contradicción existe y merece examinarse sin complacencias.
La explicación no puede reducirse a que los pobres desconocen sus propios intereses. Sería una conclusión tan cómoda como equivocada. Las personas no votan únicamente con el bolsillo: también votan movidas por el miedo, la inseguridad, las frustraciones acumuladas, sus convicciones religiosas, sus aspiraciones y el rechazo a quienes han gobernado. Una familia que teme salir de noche por la delincuencia puede terminar dando prioridad a un candidato que promete mano dura, incluso cuando sus propuestas económicas puedan perjudicarla. Y ahí aparece una de las mayores habilidades de la nueva derecha: transformar problemas reales en instrumentos de movilización emocional, presentando soluciones aparentemente sencillas para conflictos extraordinariamente complejos.
Pero sería intelectualmente deshonesto ignorar las responsabilidades del progresismo. La izquierda latinoamericana también ha cometido errores, algunos verdaderamente graves. La corrupción, las disputas internas, el burocratismo, el personalismo y el distanciamiento de las necesidades cotidianas han contribuido al desgaste de proyectos que alguna vez despertaron enormes esperanzas. Haber ampliado el acceso a la educación, la salud o la asistencia social no garantiza una fidelidad electoral permanente. Los derechos conquistados no son favores que obliguen a votar eternamente por un partido. Y cuando un gobierno progresista pierde la capacidad de escuchar, administrar eficientemente y corregir sus equivocaciones, abre espacios que sus adversarios saben aprovechar.
Sin embargo, tampoco podemos analizar este fenómeno como si América Latina decidiera su destino político completamente aislada de los grandes intereses internacionales. Washington continúa ejerciendo una influencia determinante sobre la región mediante relaciones comerciales, asistencia financiera, sanciones, presiones diplomáticas y respaldos políticos selectivos. Bajo la administración de Donald Trump, esa influencia ha adquirido expresiones particularmente explícitas. Honduras ofrece un ejemplo difícil de ignorar: Trump respaldó públicamente a Nasry Asfura y advirtió que Estados Unidos podría retirar su apoyo financiero si no ganaba. Paralelamente, indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional, quien había sido condenado por la justicia federal estadounidense a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.
El contraste resulta extraordinario: mientras se proclama una lucha implacable contra el narcotráfico, se concede un indulto a un expresidente condenado precisamente por participar en actividades vinculadas con ese delito. Y mientras se invoca el respeto a la democracia y a la soberanía de las naciones, se condiciona públicamente la cooperación económica al resultado electoral deseado. No hace falta imaginar conspiraciones ni atribuir a una potencia el control absoluto de cada elección para reconocer que semejantes actuaciones constituyen formas concretas de presión política. La soberanía popular pierde parte de su sentido cuando el elector debe considerar, además de sus necesidades nacionales, las posibles represalias de un gobierno extranjero.
A este panorama se suma otro fenómeno preocupante: la creciente aceptación de estilos de gobierno que confunden autoridad con exhibición de fuerza. La seguridad ciudadana constituye una obligación fundamental del Estado, pero gobernar no puede reducirse a escenificar persecuciones policiales, exhibir armas o presentar las garantías constitucionales como obstáculos para imponer el orden. Un presidente debe dirigir las instituciones responsables de combatir la delincuencia, no convertir sus funciones en un espectáculo personal. Cuando el miedo se transforma en la principal herramienta de legitimación política, las sociedades pueden terminar aceptando restricciones que jamás habrían tolerado en circunstancias normales.
También debemos reconocer que la derecha no constituye un bloque uniforme. Existen diferencias entre conservadores democráticos, liberales económicos y movimientos de extrema derecha. Confundirlos impediría comprender por qué obtienen apoyos tan diversos. El problema que aquí nos ocupa aparece especialmente cuando se utilizan las frustraciones populares para impulsar proyectos que concentran poder, debilitan los controles institucionales o subordinan los derechos sociales a una lógica exclusivamente económica.
La gran ironía es que buena parte de esos dirigentes alcanza el poder presentándose como enemiga de los privilegios, aunque sus políticas puedan terminar favoreciendo a sectores económicamente poderosos. Se denuncia a una supuesta casta, se promete acabar con los abusos y se ofrece devolverle el poder al ciudadano común. Pero una vez instalados en el gobierno, corresponde examinar quién soporta los sacrificios, quién recibe los beneficios y qué ocurre con los servicios públicos. Porque una cosa es combatir el despilfarro estatal y otra muy distinta convertir a los sectores vulnerables en los principales responsables de pagar las consecuencias de una crisis que no provocaron.
América Latina necesita una reflexión mucho más profunda que la simple celebración de victorias electorales o la descalificación de quienes votan de manera diferente. La izquierda debe revisar sus errores, recuperar su conexión con las necesidades populares y demostrar que la justicia social también exige eficiencia, transparencia y respeto a las libertades. Pero las sociedades deben aprender igualmente a distinguir entre una promesa de transformación y un proyecto que utiliza su descontento para justificar retrocesos.
La democracia permite elegir libremente a los gobernantes, pero no garantiza que todas las decisiones electorales protejan los intereses de quienes las toman. Ese es uno de sus desafíos más complejos. Y cuando un pueblo, agotado por sus frustraciones, termina respaldando a quien anuncia que recortará sus derechos, la pregunta deja de ser únicamente por qué ganó determinado candidato. La cuestión verdaderamente inquietante es cómo hemos llegado al punto en que una parte de la población puede confundir la promesa de su propio sacrificio con la esperanza de un futuro mejor.
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