El entramado comenzó a descubrirse desde arriba. Santiago Hazim, antiguo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, aparece señalado por el Ministerio Público como cabeza de una estructura que habría utilizado la institución para beneficiar intereses particulares mediante contratos, proveedores, sobornos, programas especiales y manipulación financiera. Junto a él fueron procesados antiguos funcionarios y empresarios; varios terminaron en prisión preventiva. Pero aquello no terminó en los despachos de SeNaSa. Las investigaciones continuaron descendiendo por una estructura en la que posteriormente aparecieron médicos, prestadores de servicios de salud y personas vinculadas al sector farmacéutico.
Y mientras más se ha conocido, más indecente resulta el cuadro. El Ministerio Público documentó en la denominada Operación Cobra 2.0-A más de 4,300 autorizaciones médicas fraudulentas por unos RD$41 millones, correspondientes a consultas especializadas y procedimientos que numerosos afiliados dijeron jamás haber solicitado ni recibido. Datos personales de ciudadanos fueron utilizados para confeccionar expedientes clínicos, gestionar autorizaciones y producir reclamaciones; aparecieron firmas que los propios afiliados desconocieron y hasta hombres a quienes el sistema les registró consultas ginecológicas.
Eso es lo que desnuda la dimensión moral de este escándalo. Para sacar dinero había que inventar enfermos, consultas, diagnósticos o procedimientos; había que tomar el nombre de una persona que quizás jamás había visto al médico que aparecía atendiéndola y convertirla fraudulentamente en paciente. No importaba que detrás de aquel número de afiliación existiera un ser humano. Importaba que su identidad sirviera para producir una autorización y que esa autorización terminara convertida en dinero.
Peor todavía: el expediente establece que se buscaban afiliados con poco historial de utilización de SeNaSa, precisamente porque existía menor posibilidad de que descubrieran lo que estaban haciendo con sus datos. No fue solamente meter la mano y agarrar dinero. Hubo método, selección y organización. Se identificaba a quien resultaba conveniente, se utilizaban sus datos y se construía sobre ellos una atención médica que nunca había existido.
Y ahí aparece uno de los capítulos más vergonzosos: los médicos. Personas formadas profesionalmente para atender enfermedades aparecen señaladas dentro de un esquema que habría fabricado expedientes clínicos y cobrado servicios inexistentes. Según la investigación, una vez SeNaSa pagaba determinadas reclamaciones, médicos involucrados entregaban entre un 40 y un 60 por ciento de lo recibido a miembros de la estructura. La bata blanca, el sello, el código médico y el conocimiento profesional habrían dejado de servir exclusivamente para curar y pasado a formar parte del mecanismo para producir dinero.
El expediente siguió ensanchándose. Las pesquisas han alcanzado prestadores, centros médicos y personas relacionadas con el negocio farmacéutico, mientras otra vertiente, denominada Onco14, llevó la investigación hasta el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el manejo de pacientes, medicamentos y recursos relacionados con el cáncer. Entre las irregularidades investigadas aparecen doble facturación, cobros por medicamentos y servicios no suministrados, utilización de sellos médicos falsos y hasta venta de medicamentos donados.
Aquí está precisamente la parte que no debería perderse entre expedientes, nombres, allanamientos y millones: no estamos hablando de miserables robando para dejar de ser pobres, sino de personas con recursos intentando hacerse todavía más ricas utilizando a los pobres. Gente con empresas, negocios, títulos universitarios y posiciones privilegiadas presuntamente participando en mecanismos destinados a sacar dinero de una institución cuya razón de existir es garantizar atención médica.
Por eso resulta tan difícil encontrar una palabra más apropiada que inmoralidad.
Porque una cosa es la corrupción administrativa tradicional, el funcionario que cobra una comisión, el empresario que consigue fraudulentamente un contrato o el proveedor que infla una factura. Todo eso es corrupción y debe ser perseguido. Pero utilizar la identidad de un ciudadano para inventarle una enfermedad, una consulta o un procedimiento que nunca recibió supone cruzar otra frontera. Es convertir la vulnerabilidad ajena en mercancía.
Y mientras ellos hacían negocios, del otro lado estaban precisamente aquellos que menos posibilidades tenían de defenderse: personas que dependen del sistema público de protección social, gente para quien una consulta, un medicamento o un procedimiento médico no constituye una comodidad sino una necesidad. No hacía falta conocerlos, mirarlos a los ojos ni saber dónde vivían. Bastaba su nombre, su número de afiliado y que utilizaran poco el seguro. Después podían fabricarles sobre el papel una historia médica que jamás habían vivido.
La Operación Cobra 2.0-A terminó llevando a las autoridades a realizar 37 allanamientos y detener inicialmente a 28 personas, entre ellas médicos y prestadores de servicios. El caso que había comenzado mirando hacia la dirección de SeNaSa terminó mostrando ramificaciones entre funcionarios, empresarios y profesionales del sector salud.
Ahí está la verdadera dimensión del escándalo. No solamente en cuánto dinero salió, sino en cuánta falta de escrúpulos fue necesaria para construir el mecanismo. Porque para hacer algo semejante había que mirar una institución destinada a garantizar salud y no ver enfermos, pacientes ni necesidades: había que ver una oportunidad de negocio.
Eso es más que corrupción.
Es codicia sin límite, abuso contra personas vulnerables y una demostración brutal de hasta dónde puede llegar la miseria humana cuando el dinero termina valiendo más que cualquier principio.
SeNaSa se convirtió, para quienes participaron en estas maniobras, en una oportunidad para hacer dinero. Los afiliados fueron números utilizables; sus identidades, herramientas; sus supuestas enfermedades, mercancía; y los recursos destinados a su salud, el botín.
Esa es la gran vergüenza de SeNaSa: gente que tenía mucho organizándose para quitarles incluso a quienes tenían muy poco. Eso no necesita poesía. Tiene un nombre suficientemente duro:
Inmoralidad.
@BienvenidoR_D
@bienvenidocheco
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