El peligro de dividir el mando policial

Uno de los principios universales más antiguos en la dirección estratégica de la organización militar y policial es la unidad de mando, desarrollado durante siglos y adoptado por las democracias modernas, porque garantiza claridad en el mando de la fuerza, las decisiones y la responsabilidad en el ejercicio del poder y eficacia en el cumplimiento de la misión institucional.
En nuestro caso, la Policía Nacional no es una empresa comercial ni una dependencia administrativa cualquiera del Estado. Es un órgano constitucional facultado para el uso legítimo de la fuerza para proteger la vida, la libertad, el patrimonio y el orden público, y este compromiso exige que exista una sola dirección estratégica y una sola autoridad responsable en la conducción de la institución.

En tal sentido, nos preocupa profundamente que el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional contemple, en sus artículos 32 y 37, la creación de un Subdirector General Administrativo y Financiero, al mando de un civil, con rango equivalente al de Subdirector General de la policía, con el control exclusivo de la administración de los recursos económicos de la institución.
En este contexto, el debate no debe reducirse a una simple discusión sobre la administración financiera, ya que en la administración pública existe una verdad difícil de cuestionar: que el presupuesto constituye una herramienta de poder.

Quien decide dónde se invierte, qué comandancias reciben equipos, cuáles programas se financian, y qué comandantes reciben recursos, inevitablemente participa en el mando estratégico de la organización. El pretender separar completamente la autoridad financiera de la autoridad operativa puede producir una dualidad de poder dentro de la institución. No importará que la ley, procedimientos o los reglamentos establezcan funciones diferentes, porque en la práctica, ambas decisiones terminarán chocando con frecuencia.

Cuando aparecen dos centros de poder dentro de una organización jerarquizada, inevitablemente surgen conflictos de competencia, retrasos en la toma de decisiones y debilitamiento de la autoridad. En reiteradas oportunidades he aseverado: “Una institución armada puede sobrevivir a la falta de recursos; lo que difícilmente supere es la división de la autoridad”.
En tal sentido, la experiencia internacional sirve de ejemplo y muestran que las policías más profesionales del mundo han evolucionado hacia mayores niveles de transparencia, pero sin renunciar al principio de autoridad de mando.

En España, Francia, Italia, Chile y Colombia existen rigurosos controles financieros, auditorías permanentes y mecanismos de supervisión externa. Sin embargo, la administración de los recursos continúa subordinada a una estructura de dirección claramente definida, evitando la coexistencia de autoridades paralelas con igual jerarquía.
Las reformas exitosas fortalecen los controles, no fragmentan el mando institucional, y la razón es sencilla: Las organizaciones encargadas de la Seguridad Ciudadana requieren capacidad de respuesta inmediata, y no pueden quedar atrapadas en diferencias entre quién dirige las operaciones y quién controla los recursos.

La doctrina policial no se improvisa
Administrar financieramente una institución policial exige mucho más que conocimientos contables, la misma requiere comprender la doctrina policial, la planificación operativa, la logística del servicio, las prioridades territoriales, la disciplina y la cultura institucional.
No basta con saber normas financieras, pues resulta indispensable entender cómo funciona una organización cuya misión consiste en enfrentar diariamente la delincuencia, el crimen organizado y las múltiples amenazas contra la seguridad ciudadana.

El riesgo de la influencia externa
Cuando el control financiero se concentra en una autoridad externa a la carrera policial, sin formación institucional y con un poder equivalente al subdirector general, surge una preocupación legítima en cuanto a que las decisiones presupuestarias pueden verse influenciadas por prioridades distintas a las necesidades operativas de la Seguridad Pública. No se trata de cuestionar a la integridad de personas específicas, sino de proteger la institución frente a intereses ajenos a su misión constitucional.

La transparencia sí; fragmentación, no.
La Policía Nacional debe administrar cada centavo con absoluta pulcritud, bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones Públicas y los demás órganos de control previstos por el ordenamiento jurídico.
En este sentido, para fortalecer la transparencia no es necesario crear una estructura paralela de poder, pues la transparencia y la unidad de mando no son conceptos incompatibles, son principios complementarios.

Una alternativa responsable
Si el propósito es robustecer la gestión financiera de la Policía Nacional, existen opciones que fortalecen la institucionalidad sin fracturar el mando.

Una alternativa sería incorporar temporalmente profesionales civiles altamente especializados para acompañar la modernización administrativa, mientras desarrolla un Programa Nacional de Formación de Oficiales en finanzas públicas, auditoría, contabilidad gubernamental, administración y alta gerencia. Estos oficiales podrían especializarse mediante maestrías y programas internacionales y, con el tiempo, asumir plenamente esas funciones desde la propia carrera policial.
De esa manera, el país obtendría dos beneficios: una gestión financiera profesional y una administración ejercida por policías profesionales que conocen profundamente la doctrina, la cultura y las necesidades operativas de la institución.

Una decisión de Estado
La seguridad ciudadana no admite improvisaciones. Las leyes que regulan la Policía Nacional deben fortalecer la autoridad legítima del Estado, proteger la profesionalización de sus miembros y preservar la cohesión institucional. Cuando una reforma introduce mecanismos que pueden dividir el mando, corresponde al Congreso Nacional reflexionar con serenidad y escuchar todas las voces antes de legislar. Porque una vez promulgada, recuperar la autoridad institucional sería una tarea difícil.

En definitiva, la seguridad ciudadana no es un asunto administrativo, es un asunto de Estado y, cuando está en juego la fortaleza de la institución encargada de proteger la nación, la prudencia deja de ser una opción, para convertirse en un deber, ya que dividir el mando policial es un riesgo que el país no debería asumir.