El Partido Revolucionario Moderno (PRM) abandona una responsabilidad institucional y convoca formalmente a inmiscuirse en temas internos sensitivos a un gobierno con sobrada vocación intervencionista.
¿Temor a grupos internos poderosos o a futuras nuevas imputaciones a funcionarios de elección por parte de los Estados Unidos?.
La decisión del PRM de enviar a la embajada norteamericana la lista de los precandidatos, “con el objetivo de que cada postulante sea depurado y si encuentran algún tipo de situación que se le esté dando seguimiento sea notificado para tomar medidas al respecto” parecería sumar un estado a la Unión.
El partido oficial olvidó el artículo 216 de la Constitución que establece entre los fines esenciales de los partidos políticos “servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.
Se podría alegar que los norteamericanos siempre han intervenido en los procesos electorales, y que en ocasiones han dictado ganadores, pero es diferente meterlos formalmente en la validación de los aspirantes a los diferentes niveles de elección popular.
Si desprendernos del aplastante intervencionismo ha sido imposible sin llamarlos, qué podría ocurrir a partir de ahora en que los convocamos por escrito a la intromisión para definir nuestros cuerpos legislativos y municipales.
El PRM tiene que asumir la responsabilidad de depurar las listas y enfrentarse a los casos de congresistas vinculados a casos de narcotráfico y lavado de activos. No hay escape ni debe haber muletas.
Ante críticas de que se aceptó la inscripción de legisladores bajo investigación o encartados en expediente de narcotráfico, el PRM se adelantó a precisar que el registro no implicaba aceptación de las precandidaturas.
Al tratar de expiar sus culpas, con traumas que se arrastran desde el 2020, el PRM ahora delega su responsabilidad institucional y de paso hiere la soberanía.
Más simple: hacer indagaciones privadas para evitar daños innecesarios y retaliaciones y emitir un documento definitorio y que los objetados acudan a las instancias de amparo que refiere la ley.
El PRM sumó a la fiscalización y validación al Defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la República, Dirección Nacional de Control de Drogas, Participación Ciudadana y Fundación Institucionalidad y Justicia.
La impugnación de candidaturas de parte del Defensor del Pueblo (derechos fundamentales y conflictos del ciudadano con la administración estatal) arrastraría al órgano a terrenos espinosos, lo mismo que a Procuraduría y a la DNCD.
La Procuraduría ha informado de los congresistas bajo investigación o encartados en expedientes, e incluso hay un juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia a la espera de apoderamiento.
En el caso de la DNCD no debe ser arrastrada al terreno político, traumático en el pasado. Inimaginable, la entidad de persecución del narcotráfico pasando información a los partidos sobre investigaciones en curso o de sujetos sospechosos.
Los ciudadanos también han sido convocados al portal del partido oficial para “hacer cualquier observación al respecto mediante el buzón de sugerencias”.
Las difamaciones y campañas sucias contra aspirantes podrían reventar el portal, algunas estimuladas por adversarios que compiten a las mismas posiciones o de personas intrigantes o desafectos de participantes.
Una ominosa experiencia vivió el país cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura un individuo, en un evidente montaje, acudió a “anónimos” para intentar desprestigiar a una jueza suprema.
El PRM deben abandonar los atajos y enfrentar sus monstruos y sus propios miedos.
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