Donald Trump no aparece en las boletas electorales de este martes 3 de noviembre, pero políticamente está en todas. Los estadounidenses no solamente elegirán congresistas y senadores; también tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre los primeros dos años de un segundo mandato presidencial marcado por decisiones unilaterales, confrontaciones institucionales y una concepción del poder que parece encontrar incómodos los límites democráticos.
Las encuestas reflejan un considerable desgaste del Partido Republicano. Sin embargo, más allá de quién termine controlando el Congreso, lo verdaderamente trascendente será determinar si Estados Unidos recupera un contrapeso institucional capaz de recordarle a su presidente que gobernar una democracia no equivale a administrar una propiedad privada.
Pero hay un fenómeno electoral que merece especial atención. Estados tradicionalmente republicanos, donde hasta hace poco una victoria demócrata parecía una posibilidad remota, presentan hoy disputas que podrían modificar el equilibrio político estadounidense.
Texas constituye quizás el ejemplo más significativo. En ese bastión conservador, la última encuesta de The New York Times y Siena College coloca al demócrata James Talarico con un 50 % de intención de voto frente al 43 % del republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado. Siete puntos de diferencia en un territorio que durante décadas ha constituido una de las principales fortalezas electorales del Partido Republicano.
Y Texas no está solo.
En Kansas, otro estado de arraigada tradición republicana, el demócrata Adam Hamilton registra un 49 % frente al 44 % del senador Roger Marshall. En Ohio, Sherrod Brown aparece con un 49 % frente al 44 % de Jon Husted. En Alaska, Mary Peltola alcanza el 48 % contra el 46 % de Dan Sullivan, mientras que en Iowa la disputa entre Josh Turek y Ashley Hinson se encuentra prácticamente empatada, 48 % frente a 47 %.
En Maine, Troy Jackson aventaja a Susan Collins por 51 % contra 45 %, y en Michigan, Abdul El-Sayed registra un 53 % frente al 42 % de Mike Rogers. Son cifras de una encuesta publicada el primero de noviembre que, aunque sujetas a márgenes de error y a la decisión final de los votantes, dibujan un panorama electoral de considerable importancia.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué está ocurriendo para que incluso territorios históricamente conservadores estén mostrando semejante competitividad electoral?
Una interpretación posible es que parte de ese comportamiento no represente necesariamente un rechazo al republicanismo como corriente política, sino un voto de castigo a Donald Trump. Porque una cosa es identificarse con los principios tradicionales del Partido Republicano y otra muy distinta aceptar sin cuestionamientos las actuaciones de quien ocupa la Casa Blanca.
Trump ha demostrado una preocupante inclinación a confundir autoridad con obediencia. Su administración ha enfrentado a gobernadores, autoridades estatales e instituciones que se resisten a sus políticas. Incluso la distribución de recursos federales ha sido objeto de controversias judiciales, después de que varios estados denunciaran intentos de condicionar fondos destinados a emergencias y seguridad al cumplimiento de determinadas exigencias políticas.
Es una práctica que merece una condena inequívoca: los recursos públicos pertenecen a la nación, no al presidente de turno. Ningún gobernador debería sentirse obligado a rendir pleitesía a la Casa Blanca para garantizar que sus ciudadanos reciban la asistencia que les corresponde.
A esa manera de ejercer el poder se suma un lenguaje político frecuentemente agresivo, descalificador y, en ocasiones, vulgar. Trump ha convertido el insulto y la confrontación personal en recursos habituales de su comunicación pública. La discrepancia política, que debería formar parte de la normalidad democrática, termina presentada demasiadas veces como una declaración de enemistad.
Y esa conducta no se limita a las palabras. También alcanza decisiones económicas cuyas consecuencias terminan soportando los ciudadanos.
El expresidente Bill Clinton recordó recientemente, durante un acto político en Mississippi, conversaciones que sostuvo con Trump hace aproximadamente veinticuatro años, cuando ambos mantenían una relación amistosa y compartían partidas de golf. Según Clinton, Trump ya defendía entonces la imposición generalizada de aranceles a otros países.
Clinton contó que intentó explicarle algo elemental: los aranceles los pagan inicialmente los importadores estadounidenses y sus costos pueden trasladarse a los consumidores mediante precios más elevados. Pero, según su relato, Trump no escuchaba aquello que no quería escuchar.
La anécdota resulta reveladora, no solamente por la discusión económica, sino por lo que Clinton identifica como una actitud persistente: la dificultad para aceptar argumentos que contradigan las propias convicciones.
Y si de prioridades presidenciales se trata, lo ocurrido ayer lunes resulta particularmente ilustrativo.
En su última intervención pública importante antes de las elecciones, Trump apareció frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, para hablar extensamente sobre su restauración. Durante aproximadamente veinte minutos se concentró en describir las tuberías, la pintura, las filtraciones y hasta las algas que habían afectado aquella instalación.
Mientras millones de estadounidenses se preparaban para decidir el futuro del Congreso, el presidente dedicaba buena parte de su mensaje final a explicar las reparaciones de un estanque.
No es que la conservación de los monumentos nacionales carezca de importancia. Es que semejante elección temática, en vísperas de unas elecciones trascendentales, permite cuestionar el sentido de las prioridades de quien dirige la principal potencia mundial.
Una derrota contundente del Partido Republicano podría levantar un verdadero muro de contención frente a esos excesos. Un Congreso con mayoría opositora tendría facultades para fiscalizar la administración, exigir documentos, convocar funcionarios e investigar posibles irregularidades, conflictos de intereses y actuaciones que pudieran comprometer la legalidad del ejercicio gubernamental.
Y aquí aparece un elemento particularmente importante: Trump tendría que acostumbrarse a responder preguntas que hasta ahora sus aliados en el Congreso no han tenido demasiado interés en formular.
No se trata de perseguir políticamente a un presidente, sino de someter su gestión al escrutinio que corresponde en cualquier democracia. Si existen indicios de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de los recursos públicos, deben investigarse con independencia, pruebas y respeto al debido proceso. La inmunidad política que proporciona una mayoría legislativa complaciente no puede convertirse en una licencia para actuar sin rendir cuentas.
Naturalmente, una mayoría demócrata no despojaría automáticamente a Trump de sus atribuciones constitucionales. Continuaría siendo presidente, conservaría importantes facultades ejecutivas y podría vetar leyes. Pero tendría enfrente un Congreso menos dispuesto a acompañarlo sin cuestionamientos.
Y esa diferencia no sería poca cosa.
Las consecuencias tampoco se limitarían al territorio estadounidense. Las decisiones de Washington repercuten en la economía mundial, las relaciones comerciales, los conflictos internacionales y la estabilidad de numerosos países. Por eso, un mayor equilibrio entre los poderes del Estado norteamericano podría representar un balón de aire fresco para una comunidad internacional que necesita instituciones previsibles, no decisiones condicionadas por la voluntad de un solo gobernante.
Estados Unidos construyó buena parte de su prestigio institucional sobre un principio elemental: ningún poder debe ser absoluto. Precisamente por eso existen el Congreso, los tribunales y una Constitución que establece límites incluso al presidente más poderoso.
Trump podrá conservar la Casa Blanca después de estas elecciones. Lo que está en discusión es si continuará encontrando un Congreso que le facilite el camino o uno dispuesto a ejercer las responsabilidades que la Constitución le confiere.
Porque las democracias no se defienden únicamente derrotando a quienes pretenden concentrar el poder. También se defienden impidiendo que las instituciones llamadas a controlarlo renuncien a sus obligaciones.
Y quizás esa sea la verdadera dimensión histórica de estas elecciones: que las urnas le recuerden a Donald Trump que Estados Unidos tiene un presidente, no un dueño.
@BienvenidoR_D
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