Admiro a Estados Unidos como nación. Reconozco sus extraordinarios aportes a la ciencia, la cultura, la tecnología y al desarrollo de instituciones que han servido de referencia para buena parte del mundo. Respeto a su población y su capacidad histórica para cuestionar el poder, defender derechos y promover transformaciones sociales. Sin embargo, esa admiración no me obliga a compartir las decisiones de sus gobiernos, particularmente cuando su política exterior ha estado marcada por intervenciones militares, imposiciones económicas y actuaciones que han comprometido la soberanía de otros países.
Algo semejante ocurre con Israel. Respetar a su pueblo, reconocer su historia y defender su derecho a vivir en paz no significa otorgar legitimidad automática a las actuaciones de sus gobernantes. La devastación de Gaza, el sufrimiento de la población palestina y las graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario obligan a examinar las responsabilidades políticas y militares sin trasladarlas indiscriminadamente a toda una sociedad.
En el caso israelí aparece, además, un elemento particularmente delicado: la utilización política de las creencias religiosas. La expresión bíblica que identifica a Israel como el «pueblo de Dios» es invocada en determinados discursos para conferir una dimensión sagrada a decisiones que pertenecen al ámbito estrictamente político. Cuando esa interpretación se utiliza para exigir adhesión incondicional, la fe deja de ser una convicción espiritual y se convierte en instrumento de presión moral. Se pretende transmitir, explícita o implícitamente, una división inadmisible: Israel sería el pueblo de Dios y los demás, por oposición, los pueblos del diablo. Esa lógica no representa necesariamente las creencias del judaísmo ni de la sociedad israelí, pero ilustra hasta dónde puede llegar la manipulación cuando el poder político pretende revestirse de autoridad divina.
Ningún gobierno debería reclamar inmunidad frente a la crítica por razones religiosas. La interpretación de una promesa bíblica no puede sustituir al derecho internacional, justificar el sufrimiento de poblaciones civiles ni establecer jerarquías morales entre las naciones. La espiritualidad pertenece al ámbito de las creencias; las decisiones de Estado deben responder ante la sociedad, la ley y los principios universales de los derechos humanos.
El problema comienza cuando el poder pretende confundirse con la nación, como si cuestionar las decisiones de un gobierno equivaliera a atacar la identidad de su pueblo. Esa identificación resulta particularmente conveniente para quienes administran el Estado, porque transforma la crítica política en una supuesta manifestación de hostilidad nacional. Bajo semejante lógica, la discrepancia deja de ser un derecho y comienza a presentarse como una deslealtad.
La historia contemporánea ofrece suficientes motivos para desconfiar de las verdades proclamadas desde los centros de poder. La invasión de Irak en 2003, justificada en buena medida mediante afirmaciones sobre armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, constituye un ejemplo de las consecuencias que puede tener la utilización de información falsa o equivocada para legitimar decisiones de enorme trascendencia. También las relaciones de Washington con figuras como Manuel Antonio Noriega y Saddam Hussein muestran hasta qué punto las alianzas internacionales pueden responder a intereses estratégicos cambiantes, antes que a principios políticos invariables.
No se trata de concluir que toda explicación oficial es falsa ni de convertir la sospecha en una forma de conocimiento. La desconfianza, por fundada que parezca, no sustituye a las pruebas. Pero tampoco los antecedentes históricos pueden ser ignorados cada vez que un gobierno reclama credibilidad absoluta para justificar sus actuaciones. La autoridad institucional merece respeto; sus afirmaciones, como las de cualquier otro actor político, deben someterse al examen de los hechos.
En el fondo, la cuestión trasciende a Estados Unidos e Israel. Tiene que ver con una concepción del poder según la cual determinados gobiernos se atribuyen facultades para decidir sobre la legitimidad de otros, establecer quién representa una amenaza y determinar cuándo resulta aceptable intervenir en los asuntos ajenos. El derecho internacional, concebido precisamente para establecer límites a esas conductas, pierde autoridad cuando sus principios se invocan selectivamente, según la identidad del país involucrado.
Conviene recordar, además, que los Estados no son sus gobiernos. El Estado constituye una organización política y jurídica que trasciende a quienes lo administran temporalmente, mientras la nación expresa una comunidad humana cuya existencia no depende de la permanencia de un gobernante. Confundir esas realidades facilita la apropiación política del sentimiento nacional y termina convirtiendo la lealtad a un país en obediencia a quienes ejercen el poder.
Por eso considero perfectamente compatible admirar a una nación y mantener una posición profundamente crítica frente a sus gobernantes. La grandeza de un pueblo no puede medirse exclusivamente por su poderío militar, su influencia económica o su capacidad tecnológica, mucho menos por la posibilidad de imponer su voluntad a otros. También debe reconocerse en su capacidad para convivir con la discrepancia, examinar sus propias contradicciones y exigir responsabilidades a quienes actúan en su nombre.
Los gobiernos pasan, las políticas cambian y las alianzas internacionales se transforman. Los pueblos permanecen, aunque también evolucionen. Y ninguna autoridad, por poderosa que sea, debería pretender que sus decisiones representan de manera incuestionable la conciencia, los valores y la voluntad de toda una nación.
Respetar a los pueblos no exige justificar a sus gobiernos. Y cuestionar el poder no significa despreciar a quienes viven bajo él.
Por: Bienvenido Checo;-
@BienvenidoR_D
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