Lo que estamos presenciando no es una demostración de eficiencia policial, mucho menos una conquista de la seguridad ciudadana. Es la expresión más vergonzosa del fracaso de una reforma que ha consumido enormes recursos públicos sin conseguir transformar una cultura institucional donde todavía se confunde la autoridad con el abuso, la investigación criminal con la persecución y la justicia con la ejecución.
Durante años, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha presentado la reforma policial como una de sus grandes transformaciones institucionales. Se ha hablado de profesionalización, tecnología, capacitación, equipamiento, inteligencia y respeto a los derechos humanos. Mucho presupuesto, demasiada propaganda y una interminable ceremonia de anuncios. Una reforma convertida en un barril sin fondo, cuyos resultados siguen sin corresponderse con los recursos invertidos. Porque si después de semejante inversión continuamos enfrentando denuncias de ejecuciones extrajudiciales, estamos ante un fracaso institucional que exige una rigurosa fiscalización para determinar cuánto dinero se desperdició y cuánto pudo terminar beneficiando intereses particulares.
Pero hay algo todavía más grave: la expresión «poner en 29» ha encontrado espacio en el propio discurso del poder. Que desde la Presidencia de la República se lance una advertencia a los delincuentes bajo semejante formulación representa una peligrosa degradación de la autoridad institucional. Un presidente no está para anunciar sentencias de muerte ni para convertir la rendición de un sospechoso en una condición para conservar la vida. Está para garantizar que las instituciones funcionen, que los criminales sean capturados, que los fiscales investiguen y que los jueces administren justicia.
Y aquí aparece una contradicción tan escandalosa como reveladora. Resulta que cuando se trata de apresar a determinados sospechosos, los organismos de inteligencia parecen incapaces de localizarlos. No aparecen, no los encuentran, no saben dónde están. Pero cuando llega el momento del famoso intercambio de disparos, entonces sí aparecen. Los encuentran, los enfrentan y terminan muertos. ¡Qué extraordinaria eficiencia para localizar cadáveres y qué lamentable incapacidad para presentar detenidos ante la justicia!
¿De qué sirve un aparato de inteligencia que aparentemente funciona mejor para producir muertos que para construir expedientes judiciales? ¿Dónde queda la investigación criminal, la vigilancia, la recopilación de pruebas y el trabajo profesional que supuestamente justificaría tantos recursos invertidos en la modernización policial?
Los medios de comunicación dominicanos recogen constantemente informaciones sobre supuestos delincuentes abatidos en intercambios de disparos. La versión oficial parece haberse convertido en un formulario repetitivo: los agentes intentaron apresarlos, fueron recibidos a tiros y se vieron obligados a repeler la agresión. Cambian los nombres, los lugares y las fechas, pero el relato conserva una sorprendente uniformidad. Y mientras tanto, circulan videos de actuaciones policiales en las que se observa a personas aparentemente desarmadas siendo acribilladas, intervenciones violentas en viviendas y cuerpos retirados de manera indigna, arrastrados y lanzados a la parte trasera de vehículos como si se tratara de objetos desechables.
No estamos hablando de defender delincuentes ni de negar la gravedad de la criminalidad que afecta a la sociedad dominicana. Estamos hablando de algo elemental: ningún policía tiene facultad para condenar a muerte a un ciudadano, por despreciable que sea el delito que se le atribuya. El uniforme no convierte a nadie en juez, la placa no sustituye una sentencia y la presunción de culpabilidad no autoriza una ejecución.
Una sociedad puede exigir mano firme contra la delincuencia sin renunciar al Estado de derecho. Lo que no puede hacer es celebrar asesinatos extrajudiciales bajo el argumento de que las víctimas tenían antecedentes penales o eran buscadas por las autoridades. Porque cuando aceptamos que el Estado mate fuera de la ley a quien considera delincuente, estamos entregándole también la facultad de decidir arbitrariamente quién merece vivir y quién debe morir.
La reforma policial no puede medirse por la cantidad de vehículos adquiridos, uniformes entregados, edificios remozados o ceremonias encabezadas por funcionarios. Su verdadero resultado debe reflejarse en una institución capaz de prevenir delitos, investigar profesionalmente, apresar sospechosos y respetar la vida humana. Si después de tantos años la respuesta continúa siendo el «intercambio de disparos», entonces no hemos reformado la Policía: simplemente hemos financiado la continuidad de sus peores prácticas.
Y lo más preocupante es la normalización social de esta barbaridad. Cada vez que aparece un cadáver y se repite que fue un delincuente abatido, una parte de la población celebra sin exigir explicaciones. Se ha conseguido que la muerte sustituya al expediente y que la versión policial parezca suficiente para cerrar cualquier discusión. Esa indiferencia resulta particularmente peligrosa porque una institución que puede matar sin rendir cuentas deja de representar exclusivamente una amenaza para los delincuentes y se convierte en un riesgo para cualquier ciudadano.
El presidente Luis Abinader tiene una responsabilidad política ineludible frente a esta realidad. No puede continuar exhibiendo la reforma policial como un éxito mientras persisten actuaciones que contradicen precisamente los principios que supuestamente inspiraron esa transformación. Mucho menos puede permitirse que el lenguaje de la eliminación física encuentre legitimidad desde las más altas instancias del Estado.
Poner en 29 no es hacer justicia. Es admitir que el Estado ha fracasado en su obligación de investigar, apresar y someter a los tribunales a quienes violan la ley. Y cuando esa práctica se convierte en una respuesta habitual, lo que tenemos no es una Policía moderna, sino una institución que continúa arrastrando los mismos vicios que justificaron la necesidad de reformarla.
Después de tantos millones gastados, de tantas promesas incumplidas y de una reforma policial convertida en un barril sin fondo, la pregunta es inevitable: ¿para qué diablos sirvió semejante transformación si todavía necesitamos cadáveres para exhibir resultados?
Porque una cosa es que la delincuencia desafíe al Estado y otra, mucho más peligrosa, es que el Estado termine comportándose como aquello que dice combatir. Cuando sus organismos de inteligencia parecen más eficientes para localizar a quien van a matar que para capturar a quien deben juzgar, y cuando desde la propia Presidencia se normaliza la expresión «poner en 29», ya no estamos hablando simplemente de una reforma policial fracasada. Estamos ante una gravísima degradación del ejercicio del poder.
Y esta es la acusación que debe quedar escrita para la historia: se gastaron millones prometiendo reformar la Policía, pero mientras no se esclarezcan estas muertes, lo que se exhibe como resultado son cadáveres. Una reforma que debía enseñarle a la Policía a respetar la ley no puede terminar convirtiendo la muerte en una estadística de eficiencia. Porque cuando un Gobierno necesita muertos para demostrar autoridad, no está exhibiendo la fortaleza del Estado: está dejando al descubierto su fracaso moral, político e institucional.
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