El caso de Flávio Bolsonaro, derrotado candidato presidencial brasileño, constituye una demostración de esa doble moral que tanto caracteriza a quienes pretenden impartir lecciones de democracia, institucionalidad y respeto al Estado de derecho.
Bolsonaro obtuvo cerca de sesenta millones de votos en las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre. Su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió la reelección con una ventaja de aproximadamente 4.4 millones de sufragios. Una diferencia que decidió democráticamente quién debía gobernar Brasil.
Pero el candidato derrotado no solamente se resistió a reconocer los resultados. Apenas transcurridas unas horas, emprendió una salida del país que terminó en Estados Unidos, precisamente cuando la justicia brasileña le exigía entregar sus pasaportes en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero.
Y aquí aparece otro aspecto que retrata la conducta política de Bolsonaro: ¿qué hizo con los casi sesenta millones de brasileños que depositaron su confianza en él?
Sencillamente, los dejó atrás.
Millones de ciudadanos acudieron a las urnas convencidos de que estaban eligiendo a quien representaría sus aspiraciones políticas. Incluso después de la derrota, aquella votación le otorgaba una responsabilidad considerable: encabezar la oposición, defender las posiciones de sus electores y contribuir al funcionamiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, ante sus problemas judiciales, Bolsonaro optó por abandonar el país.
La decisión sorprendió y provocó malestar entre sus propios aliados. Rogério Marinho, senador y coordinador de su campaña presidencial, reconoció públicamente su desconcierto. Apenas el día anterior habían conversado sobre la necesidad de que Bolsonaro asumiera el liderazgo opositor respaldado por aquellos casi sesenta millones de votos.
Su Partido Liberal, que había conseguido una importante representación parlamentaria, quedó enfrentado a una situación que ni siquiera sus principales dirigentes parecían conocer de antemano.
Y es que una cosa es utilizar el respaldo popular para conquistar posiciones de poder y otra muy distinta es asumir las responsabilidades que ese respaldo implica. Bolsonaro parece haber tratado a sus electores y a su propia organización política como instrumentos útiles mientras alimentaban sus aspiraciones, pero prescindibles cuando dejaron de servir a sus intereses inmediatos.
Ese comportamiento constituye, desde mi punto de vista, una expresión de desprecio hacia quienes confiaron en él. Porque los votos no son objetos desechables ni los partidos políticos simples plataformas personales que se abandonan cuando las circunstancias dejan de ser favorables.
Y resulta inevitable establecer una comparación con el propio Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuando enfrentó a la justicia brasileña, Lula no abandonó su país. Permaneció 580 días en prisión, entre abril de 2018 y noviembre de 2019, defendió su causa ante los tribunales y continuó vinculado a la vida política nacional. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por irregularidades judiciales, incluida la falta de imparcialidad del juez Sergio Moro. Un año después, Lula ganó las elecciones presidenciales y regresó al poder.
Flávio Bolsonaro, en cambio, después de recibir el respaldo de casi sesenta millones de electores, salió de Brasil apenas perdió las elecciones y cuando la justicia le exigía entregar sus pasaportes. Mientras Lula permaneció en su país y afrontó incluso la privación de su libertad, Bolsonaro decidió marcharse antes de responder plenamente a los requerimientos judiciales que pesaban sobre él.
La diferencia política es contundente: Lula resistió 580 días de prisión y regresó a la Presidencia; Flávio Bolsonaro, ante una investigación y una derrota electoral, abandonó Brasil.
El primero continuó su batalla judicial dentro de las instituciones brasileñas; el segundo pretende dirigir desde Estados Unidos una oposición cuyos millones de votantes quedaron en su país.
Bolsonaro tiene derecho a defenderse y a denunciar cualquier irregularidad judicial que considere existente. Pero ese derecho no elimina la obligación de cumplir las decisiones de los tribunales. Tampoco lo exime de responder políticamente ante quienes lo respaldaron. Porque el liderazgo no se demuestra solamente cuando millones de personas depositan un voto a nuestro favor, sino también cuando llegan las derrotas y las responsabilidades.
Conviene detenerse también en un detalle judicial. Bolsonaro no ha sido condenado por los hechos que actualmente se investigan y conserva, como cualquier ciudadano, su presunción de inocencia. Pero esa garantía constitucional no le concede el privilegio de desobedecer las disposiciones judiciales. Una cosa es defenderse de una acusación y otra muy distinta es abandonar el país cuando un tribunal ha restringido expresamente esa posibilidad.
Y aquí comienza lo verdaderamente revelador.
El senador brasileño cruzó hacia Argentina y posteriormente abordó un avión privado que, tras pasar por Ecuador, terminó llevándolo a Miami. Todo ello mientras la justicia brasileña había ordenado la entrega de sus documentos de viaje y restringido su salida del territorio nacional.
¿Estamos ante una operación improvisada o ante una salida cuidadosamente organizada? ¿Quién facilitó la logística? ¿Qué sabían las autoridades argentinas? ¿Se limitaron a permitir el tránsito de un ciudadano con documentación válida o existió algún tipo de colaboración política?
Son preguntas legítimas que merecen respuestas. Porque resulta particularmente llamativo que Argentina, gobernada por Javier Milei, uno de los aliados ideológicos de la familia Bolsonaro, aparezca como escala decisiva en semejante episodio. Eso no demuestra por sí solo la participación personal de Milei, pero tampoco convierte las circunstancias de ese tránsito en un asunto políticamente irrelevante.
Y mientras la justicia brasileña procuraba garantizar la comparecencia de Bolsonaro, desde Washington llegaba una noticia que retrata perfectamente la naturaleza del problema: la administración de Donald Trump estaba dispuesta a concederle visados a él y a su familia.
¡Qué extraordinaria manera de defender el Estado de derecho!
Estados Unidos, país que se presenta ante el mundo como referente de la democracia, defensor de las instituciones y vigilante de las libertades ajenas, abre sus puertas a un aliado político que acaba de desobedecer una orden de la justicia de su propio país.
Y no hablamos de cualquier administración. Hablamos del Gobierno de Donald Trump, quien en mayo de 2024 fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de 34 cargos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales. A pesar de aquella condena, pudo competir en las elecciones presidenciales y regresar a la Casa Blanca, porque la Constitución estadounidense no establece esa condena como impedimento automático para ocupar la Presidencia.
Legalmente, pudo hacerlo. Pero políticamente, la situación deja una interrogante que no puede despacharse con una simple explicación constitucional: ¿qué autoridad moral tiene un gobernante con semejantes antecedentes para presentarse como árbitro universal de la institucionalidad democrática?
Lo ocurrido con Trump y Bolsonaro revela una contradicción más profunda. No se trata de sostener que una investigación judicial deba impedir automáticamente una candidatura. Se trata de preguntarnos qué ocurre cuando determinados dirigentes convierten su popularidad electoral en una especie de salvoconducto moral y sus alianzas internacionales en mecanismos de protección frente a la justicia.
Porque ganar millones de votos no convierte a nadie en inocente. Como tampoco perder unas elecciones transforma automáticamente a un investigado en perseguido político.
Flávio Bolsonaro sostiene que es víctima de persecución. Es su argumento y tiene derecho a formularlo. Pero una acusación de persecución política no se convierte en verdad por repetirla ante las cámaras, publicarla en las redes sociales o conseguir el respaldo de la Casa Blanca. Necesita pruebas. Y hasta ahora, lo que tenemos son investigaciones judiciales abiertas, una orden de entrega de pasaportes incumplida y una salida del territorio brasileño que exige explicaciones.
Lo más preocupante es la facilidad con que ciertos sectores de la derecha internacional convierten cualquier procedimiento judicial contra sus dirigentes en una supuesta conspiración ideológica. Cuando la justicia investiga a un adversario, hablan de transparencia, institucionalidad y lucha contra la corrupción. Cuando investiga a uno de los suyos, inmediatamente aparecen las palabras dictadura, persecución y atentado contra la democracia.
La justicia es buena siempre que toque la puerta del vecino.
Y aquí entra la verdadera dimensión del problema. No es solamente Bolsonaro. No es solamente Trump. Ni siquiera es exclusivamente Brasil. Es una concepción de las relaciones internacionales en la cual los principios dejan de ser universales y pasan a depender de la conveniencia política.
Si un dirigente incómodo para Washington desobedece una resolución judicial, probablemente escucharemos discursos solemnes sobre el respeto a las instituciones. Pero si quien lo hace pertenece a su familia ideológica, entonces aparecen la solidaridad, la hospitalidad y las explicaciones complacientes.
Resulta difícil imaginar una demostración más elocuente de la doble moral.
Una democracia no puede exigir obediencia a las leyes únicamente a sus adversarios. Tampoco puede pretender que sus aliados disfruten de una inmunidad informal que ningún tribunal les ha concedido.
Los casi sesenta millones de brasileños que votaron por Flávio Bolsonaro merecen respeto. Sus votos expresan una voluntad política legítima. Pero esos sufragios no son una sentencia absolutoria ni una autorización para desconocer decisiones judiciales. La soberanía popular elige gobernantes; no fabrica ciudadanos por encima de la ley.
Y si Bolsonaro considera que las investigaciones en su contra son infundadas, lo razonable sería enfrentarlas ante los tribunales, con abogados, argumentos y pruebas. Precisamente eso es lo que corresponde hacer en un Estado de derecho.
La pregunta final es inevitable: ¿qué clase de democracia se pretende defender cuando la justicia solamente merece respeto si sus decisiones favorecen a nuestros aliados?
Porque, al parecer, para determinados círculos de poder la inocencia no depende de los tribunales, sino de la afinidad ideológica; la persecución no depende de los hechos, sino de quién presenta la denuncia; y la solidaridad internacional no se concede en nombre de los principios, sino de los intereses.
No hace falta que un tribunal haya declarado culpable a Flávio Bolsonaro para denunciar la gravedad de su desobediencia judicial y la complacencia política que parece rodearlo. La responsabilidad penal deberá establecerla la justicia brasileña. La responsabilidad política, en cambio, ya puede ser sometida al escrutinio público.
Y mientras unos predican el respeto a las instituciones, otros parecen aplicar una regla mucho más sencilla, mucho más antigua y profundamente reveladora: «Es un delincuente, pero es nuestro delincuente».
Porque cuando se trata de los nuestros, hasta la justicia tiene que pedir permiso.
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