Cuba ofrece uno de los ejemplos más grotescos. Año tras año, la Asamblea General ha pedido el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. En la votación del 29 de octubre de 2025 fueron 165 países a favor de ponerle fin, siete en contra y doce abstenciones. La resolución fue aprobada, naturalmente. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Lo de siempre: el embargo continuó. No porque siete votos valieran matemáticamente más que 165, sino porque la Asamblea General puede expresar una voluntad política abrumadora, pero esa voluntad no tiene por sí sola capacidad para derogar las leyes estadounidenses que sostienen el embargo. Magnífico ejercicio democrático: se cuentan los votos, se anuncia el resultado, se archiva el documento y la realidad continúa exactamente donde estaba.
Conviene hacer una precisión para no convertir la crítica en caricatura. Estados Unidos no tiene un supervoto en la Asamblea General. Allí posee uno, igual que República Dominicana, Cuba o cualquier otro miembro. El privilegio formal aparece con toda crudeza en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido pueden vetar decisiones sustantivas. El problema de la Asamblea es diferente y quizá más frustrante: puede producir mayorías enormes sin disponer siempre del instrumento jurídico para imponer lo decidido. Es decir, podemos reunir al mundo entero para saber qué piensa y después descubrir que saber qué piensa el mundo no necesariamente cambia nada.
Pero la contradicción adquiere dimensiones todavía más absurdas cuando llegamos a la propia sede de Naciones Unidas. El organismo que pretende representar a la comunidad internacional tiene su principal casa en Nueva York y, para llegar a esa casa, representantes de otros países deben atravesar primero la frontera de Estados Unidos. Washington asumió obligaciones especiales mediante el Acuerdo de Sede de 1947 precisamente para que sus diferencias políticas con determinados gobiernos no impidieran el funcionamiento de la organización. Sin embargo, la historia demuestra que esa garantía no ha eliminado el problema. En 1988, Estados Unidos negó el visado a Yasser Arafat cuando pretendía participar en la Asamblea General. La propia Asamblea consideró que aquella decisión violaba las obligaciones internacionales estadounidenses derivadas del Acuerdo de Sede. Washington mantuvo su decisión y la Asamblea terminó reuniéndose en Ginebra para poder escucharlo.
Treinta y ocho años después seguimos jugando prácticamente con la misma avería. Este septiembre de 2026, Estados Unidos volvió a negar el visado al presidente palestino Mahmoud Abbas y a otros funcionarios palestinos para participar presencialmente en las actividades de Naciones Unidas. La Asamblea General respondió autorizando nuevamente su participación mediante video: 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. La tecnología resolvió el inconveniente práctico, pero no la contradicción política: un organismo internacional reúne a sus miembros en un edificio al cual determinadas delegaciones no pueden llegar físicamente porque el Estado donde está ubicado el edificio decide que no entran.
Y ahora tenemos la otra cara de la misma moneda. Estados Unidos acaba de autorizar la entrada del presidente iraní Masoud Pezeshkian y del canciller Abbas Araqchi para asistir a la Asamblea General de 2026, aunque imponiéndoles restricciones de desplazamiento y otras limitaciones. Lo revelador es la explicación estadounidense: Washington reconoce que actúa conforme a sus obligaciones como país anfitrión. Exactamente. No debería tratarse de hacerle un favor a Irán, Palestina, Cuba, Venezuela ni a nadie. El acceso de las delegaciones a la organización internacional no debería depender de simpatías políticas, enemistades ideológicas ni de quién ocupe la Casa Blanca.
La historia ofrece contrastes casi cómicos. Fidel Castro pudo llegar a Nueva York en 1960 y pronunciar ante la Asamblea General un discurso de 269 minutos, todavía registrado por Naciones Unidas como el más largo pronunciado allí. También volvió a intervenir ante la Asamblea en 1979. Décadas después hemos llegado al punto de discutir si determinados dirigentes pueden siquiera atravesar la frontera estadounidense para dirigirse al mismo organismo.
El caso venezolano demuestra además hasta qué punto resulta delicado colocar la sede mundial dentro de la jurisdicción territorial de una potencia que mantiene conflictos con otros Estados. Nicolás Maduro sí estuvo en Nueva York y participó en Naciones Unidas; por tanto, sería falso afirmar que Estados Unidos simplemente le prohibió asistir. Pero posteriormente Washington presentó cargos penales contra él y, en agosto de 2025, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su arresto. Independientemente de la valoración política que cada cual haga de Maduro, la situación expone una pregunta institucional incómoda: ¿es razonable que un dirigente de un Estado que pretende participar en el principal foro internacional tenga que hacerlo dentro del territorio de otro Estado que busca su detención?
Entonces aparece una pregunta que parece disparatada solamente porque llevamos ocho décadas acostumbrados a lo contrario: ¿por qué Naciones Unidas tiene que depender territorialmente de Estados Unidos? ¿Por qué no puede poseer un territorio internacional propio? Llámese isla, enclave, territorio internacional o, si se quiere, un pedazo de piedra suficientemente grande para levantar edificios, viviendas diplomáticas, un puerto y un aeropuerto. No estoy hablando de colocar la sede en otro país y cambiar una dependencia por otra. Estoy hablando de un territorio adquirido y financiado colectivamente por los Estados miembros, sometido a un estatuto internacional y administrado jurídicamente por la propia ONU, donde ninguna capital nacional tenga autoridad unilateral para decidir qué representante entra y cuál se queda mirando la Asamblea por televisión.
No tendría que convertirse Naciones Unidas en un país ni pedir admisión como miembro de sí misma, disparate burocrático que solamente serviría para añadir otra bandera al salón. Se trataría de crear un territorio internacional bajo administración de la organización, con reglas de acceso, seguridad, jurisdicción, inmunidades, tránsito, puerto y aeropuerto definidas colectivamente. Los representantes autorizados para participar entrarían bajo las normas de Naciones Unidas y no tendrían que solicitar primero la bendición migratoria del Departamento de Estado estadounidense, ni de ningún otro gobierno anfitrión. Naturalmente, semejante proyecto exigiría tratados, financiación, acuerdos sobre espacio aéreo y marítimo, seguridad y un complejo entramado jurídico. Nadie ha dicho que sea sencillo. Lo absurdo es aceptar que, porque resolver una contradicción resulta complicado, debemos conservarla eternamente.
Cambiar la sede, sin embargo, tampoco curaría la enfermedad completa. La ONU fue diseñada desde su nacimiento con una desigualdad institucional deliberada. Cinco Estados tienen asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad. No importa si el que veta es Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido: el problema institucional es exactamente el mismo. Una organización construida sobre el principio de igualdad soberana de sus miembros contiene simultáneamente un órgano fundamental donde cinco de esos miembros poseen una facultad que los demás no tienen. Eso no es un accidente administrativo; forma parte del diseño original.
Por eso el problema de Naciones Unidas no consiste en que absolutamente todo lo que hace sea inútil. Sería intelectualmente cómodo decirlo, pero sería falso. Sus agencias humanitarias, sanitarias, alimentarias, técnicas y de cooperación realizan trabajos indispensables en buena parte del planeta. El problema está en otra parte: en su incapacidad política para convertir muchas decisiones colectivas en consecuencias cuando esas decisiones chocan con los intereses o la soberanía de las grandes potencias. Ahí aparece la ONU de los discursos contundentes, las resoluciones históricas, las fotografías solemnes y los resultados que demasiadas veces terminan siendo bastante menos históricos que el comunicado de prensa.
Quizás haya llegado el momento de dejar de preguntar únicamente cuántos países votaron a favor y comenzar a preguntar qué ocurre después de contar los votos. Porque si 165 Estados pueden aprobar una resolución contra el embargo a Cuba y el embargo continúa; si una delegación necesita conectarse por video porque el país anfitrión no le permite llegar físicamente a la sede; y si reformar profundamente el sistema exige enfrentarse precisamente a los privilegios de quienes concentran mayor poder dentro de él, entonces el problema no está en la aritmética. Los números funcionan perfectamente.
Lo que funciona bastante peor es el poder que esos números representan.
Y mientras esa contradicción permanezca intacta, Naciones Unidas seguirá siendo imprescindible para muchas cosas y dolorosamente disfuncional para otras. Esa es quizá su mayor ironía: fue creada para que los Estados resolvieran juntos los grandes problemas del mundo, pero cuando alguno de esos problemas toca directamente los intereses de quienes tienen mayor capacidad de imponer su voluntad, descubrimos que reunir al mundo entero en un mismo salón no significa necesariamente que el mundo reunido pueda decidir.
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