La entidad universitaria advirtió, sin embargo, que este tipo de actuaciones no debe limitarse a operativos aislados, sino convertirse en una política permanente y de alcance nacional frente a la ocupación de riberas, extracción irregular de agregados, contaminación de ríos, destrucción de humedales y demás infracciones ambientales.
La CAUASD sostuvo que la paralización o demolición de obras ilegales debe estar acompañada de investigaciones y un verdadero régimen de consecuencias que alcance no solo a quienes ocasionan directamente el daño, sino también a quienes lo autorizan, facilitan, encubren o toleran.
Asimismo, enfatizó que la protección de los ríos debe abarcar integralmente sus cuencas, bosques, nacientes, afluentes, humedales y zonas de recarga hídrica, al considerar que garantizar la salud de estos ecosistemas constituye una cuestión de seguridad hídrica y de protección del futuro de la República Dominicana.
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