La mentira de los combustibles y la deuda pública
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Previo a su salida de vacaciones el presidente electo, Hipólito Mejía me visitó, me pidió que fuera Administrador del Banco de Reservas, era finales de mayo del 2000; a su regreso, preocupado por la deuda pública combinada US$4,387.7 millones, que no tenía mecanismo de repago ante un “diferencial en los precios del petróleo” politizado y desacreditado, me pidió que fuera secretario de Industria y Comercio, posición que decliné.
A finales de julio durante un encuentro en la residencia de Leo Matos, ante una petición – partidaria - de Quique Antún y de Donald Reid Cabral, acepté, empezando de inmediato las reuniones con Ramón Alburquerque para el conocimiento y aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 112-00 promulgada en noviembre y cuyo reglamento, que preparé con Fernando Álvarez Bogaert, lo llevé al Hotel el Embajador y el presidente de la República, ante los empresarios, firmó el 2 de marzo del 2021: El Reglamento dictado mediante Decreto 307-01 fue la primera ley que tuvo su normativa de tiempo establecido.
Esas dos normativas permitieron abrir el mercado de los hidrocarburos a los empresarios dominicanos, con Nativa y Propagas que fueron las primeras distribuidoras nacionales permitiendo que poco a poco, el control arbitrario que ejercía Shell, diera paso a su venta y a la venta de Esso, Texaco e Isla y se ampliara con el tiempo la capacidad de inventarios del país, con la Refinería y los nuevos actores privados, por eso desde entonces, en 25 años no hemos tenido desabastecimiento: y ya tenemos 48 empresas distribuidoras nacionales.
El objetivo de esa ley fue asegurar los pesos para el pago de la deuda evitando las emisiones inorgánicas del Banco Central, para con ello estabilizar la economía y su moneda: ella se cumplió fielmente durante mi gestión y las siguientes de Guilliany Cury y Sonia Guzmán.
Con la crisis bancaria del 2003 cuyo efecto llevó la deuda a los USD$ 10,874 al cierre del 2004, a esa ley se le añadió un ingrediente impositivo general con el establecimiento de un ad valorem del 13% en el 2005 que se elevó al 16% actual en el 2006, destinado al fondo general de la nación para amortiguar los efectos de la crisis indicada.
Con el paso del tiempo el cumplimiento estricto de la normativa contenido en un anuncio publicitario que establecía que “si sube, sube y si baja, baja” la aplicación de la ley se relajó hasta el día de hoy, pero la norma como tal, sigue siendo muy buena y lo demuestra el hecho de que cada cuatrienio, incluyendo un discurso ante la reunión conjunta de ambas cámaras, del presidente Abinader en el 2021, se promete mejorarla y nadie ha propuesto ninguna modificación que cumpla esa promesa vacía.
Recientemente el Gobierno sometió una anémica reforma fiscal alegando que la Guerra en Irán tenía efectos nocivos en nuestra economía, como en la del resto del mundo; acá, sin embargo, los efectos se circunscriben al aumento en los precios, no a dificultad de abastecimiento. Indicó, como motivo del paquete que había tenido que destinar sumas importantes para el subsidio a los combustibles, lo que, desde luego, no es cierto en el sentido neto de ingreso y gasto.
Los impuestos a los combustibles se dividen en tres renglones, el de la deuda que como hemos visto es el original y el ad-Valorem, destinado al presupuesto general, aunque ya ambos van a la misma cuenta y otro subsidiario fijo de RD$ 2.00 por galón; el total recaudado en los últimos cinco años asciende a RD$ RD$ 492,987.3 millones, los subsidios a RD$ RD$ 98,242.4 millones, quedando a favor del Gobierno un saldo favorable de RD$ 394,744.9, millones, como podemos ver a continuación:
Año / Período
Precio Promedio WTI (USD)
Tasa de Cambio Promedio
Ingresos por Impuestos (RD$)
Gasto Real en Subsidios (RD$)
Saldo Neto a favor del Fisco)
2021
USD 68.13
RD$ 57.10
RD$ 76,200.0
RD$ 15,600.0
+RD$ 60,600.0
2022
USD 94.90
RD$ 55.10
RD$ 81,300.0
RD$ 35,502.0
+RD$ 45,798.0
2023
USD 77.58
RD$ 56.20
RD$ 90,839.8
RD$ 8,300.0
+RD$ 82,539.8
2024
USD 76.63
RD$ 59.10
RD$ 92,306.7
RD$ 16,700.2
+RD$ 75,606.5
2025
USD 77.20
RD$ 60.10
RD$ 107,360.3
RD$ 13,000.0
+RD$ 94,360.3
Ene - Jun 2026
USD 83.82
RD$ 58.89
RD$ 44,980.5
RD$ 9,140.2
+RD$ 35,840.3
Total
RD$ 492,987.3
RD$ 98,242.4
+RD$ 394,744.9
Para enero/mayo del presente año, en medio de la crisis por la guerra, el saldo fue favorable al Estado en la cantidad de RD$ 35,840.3 millones: Obtiene de beneficio RD$ 94.45 por galón de premiun, RD$ 75.50 por galón de regular a los precios actuales, congelados por 90 días, si el petróleo sube, pero como ha bajado, debía bajar.
El resto del año con precios del WTI, que es el que utilizamos, de unos USD$ 69.23 el barril que fue el de cierre del viernes, no hay necesidad de subsidio en este renglón y todos los ingresos van al Estado y, sólo en las gasolinas y el diésel, cobrará RD$ 58,000 millones adicionales en el semestre julio/diciembre 2026.
Lo que resulta absurdo o cuando menos errado es que los técnicos del Gobierno hayan previsto en la Ley 99-25, Presupuesto y Ley General de Gastos Públicos del 2026, el barril a USD$ 60.00, precio que no se corresponde con los cinco años previos, como se advierte en el cuadro anterior, ni con las perspectivas que en el año 2025 cuando se aprobó, se tenían de la economía mundial para el año siguiente. Fue un error de calculo inadmisible o un engaño desde el primer día al país para justificar un déficit.
Nuestro problema central en relación con este tema en el que hemos visto que se esta informando mentiras o al menos distorsionando la verdad a la ciudadanía, no es la relación precio/ingresos en impuestos sobre los combustibles, sino su destino, pues tanto el impuesto fijo indexable de Hipolito, como el ad valoren porcentual de Leonel, eran suficientes para las deudas y necesidades por las que se crearon: el problema es que en el 2012 a la salida de Leonel, la deuda externa era de USD$ 12,660.8 millones y la interna de RD$ 5,838.0 millones, apenas un 32.4% del PIB, la mayor parte bilateral o con organismos multilaterales, barata, que podían ser pagados con el producto de la Ley y, actualmente es de USD$ 48,287.9 y USD$ 19,707.6 millones respectivamente para un 48.3% del PIB, la mayor parte en el mercado, vale decir carísima, que nos impide respirar.
El panorama es peor cuando, para el consolidado, se suma la deuda del Banco Central que, en su esfuerzo de mantener a flote, artificialmente, la economía desde el anclaje monetario ha emitido obligaciones por la suma de otros US$22,650 millones lo que eleva la deuda del sector público combinado a los USD$ 88,370, es decir, a un 88% del PIB. Toda una locura que empieza a preocupar a los dominicanos, ricos y pobres.
Y si lo anteriormente expuesto preocupa, la mayor inquietud procede del ritmo a que crece la deuda no obstante el alto sacrificio anual de pagarla, con pagos por RD$ 445,449.6 millones en el 2026 para el servicio y la amortización; si partimos de los UD$ 65,100 millones adeudados del 2020 a los USD$ 88,370 a mayo pasado, el aumento promedio anual neto es de USD$ 4,230 millones cada año: USD$ 66.1 millones cada mes, a la tasa actual unos RD$ 3,904 millones de pesos cada treinta días.
Este año, pagaremos unos USD$ 7,570 millones (54.5% es para intereses y comisiones) y ya en diciembre, enero y febrero pasados, emitimos deudas por USD$ 5,600 millones, con un aumento neto de USD$ 4,838.6, porque una parte se destinó a pago de deudas viejas: nos están condenando a una deuda eterna, cada vez más cara.
Si observamos que al margen de la
alharaca del Gobierno el precio promedio del WTI ha sido de USD$ 83.82
tenemos que concluir que la crisis de la guerra ha sido aprovechada,
tanto para aumentar el precio de los combustibles, como pasar un
paquetico fiscal de RD$ 50,000 millones, que en un escenario objetivo
indica verdades económicas para ejecutar mentiras fiscales.
@alockwardm
Alockward@email.com



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