Con la coalición “Escudo de las Américas”, Estados Unidos ha convertido a más de una docena de países en lo que considera su perímetro de seguridad nacional.
En tal virtud, se ha arrogado la capacidad de extender hasta esa nueva zona geoestratégica sus propias políticas de contención del tráfico de drogas y migrantes, así como el emplazamiento de bases y tropas operacionales para tales objetivos.
La República Dominicana, como firmante junto a otra decena de naciones, ha aceptado estas nuevas condiciones, asumiendo los riesgos reputacionales y soberanos que entrañan.
Uno de ellos —quizás el más delicado por su impacto en la legitimidad constitucional— es el acuerdo para aceptar en nuestro país, de modo temporal hasta su posterior repatriación, a extranjeros no deseados en Estados Unidos.
Esto significa, a modo comparativo, que la nación se convertirá en una especie de presa de cola de migrantes indeseados, con todas las dificultades que supone su internación en nuestro suelo, aunque sea temporal.
A esta modalidad se han sumado otros socios de la alianza, con poco o ningún margen para eludirla en aras de la “cooperación mutua” impuesta por la gran potencia.
Como era de esperarse, la decisión ha tenido un amplio rechazo de distintos sectores nacionales por las previsibles fallas que este mecanismo pudiera tener.
Las mayores objeciones se formulan frente a las limitadas explicaciones sobre los espacios de tiempo y lugar que ocuparán los migrantes.
¿Dónde y bajo qué reglas cumplirán sus cuarentenas? ¿Podrán denunciar violaciones a sus derechos en un país cuyas leyes internas no han transgredido?
Aspectos jurídicos y migratorios confluyen en este debate abierto, y corresponde al gobierno esclarecer el alcance de sus compromisos, actuales y futuros, bajo la sombrilla del “Escudo de las Américas “
Si se trata de una contrapartida por beneficios en seguridad o comercio, debe decirlo sin ambages.
Si es una imposición de la potencia hegemónica, debe explicar qué margen de negociación existió.
Lo que no puede hacer es tratar este asunto como un mero trámite burocrático.
La soberanía no se negocia con silencios. La dignidad de un país que ha luchado por construir su propio destino no admite que su territorio se convierta en un depósito temporal de los problemas ajenos.
El Ejecutivo tiene la palabra, y la ciudadanía, el derecho a exigir respuestas. El trago es amargo, pero peor sería beberlo sin saber qué contiene.
Tomado del editorial de
de la fecha ;-
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