Partidos políticos, democracia y estabilidad

Partidos políticos, democracia y estabilidad
❝Observatorio Global❞》》》
Una vez más la Junta Central Electoral ha acertado en su defensa de la democracia dominicana. En su recién comunicado ha indicado que la propuesta de reducir nuevamente la asignación presupuestaria correspondiente por ley a los partidos políticos, “tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos”.
Esa es, en efecto, la mejor respuesta que podría darse a la propuesta ilegal, despótica y abusiva del actual gobierno del PRM de disminuir a la mitad, por segunda vez, los fondos correspondientes a los partidos políticos.

La primera fue para el presupuesto del 2021. En aquella ocasión, el Presidente de la República propuso reducir en un 50% los fondos correspondientes a los 41 partidos. La idea era que con esa diferencia, el gobierno construiría la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en Santo Domingo Este.

Los argumentos sustentados por la autoridad electoral en aquella ocasión, más la presión de la opinión pública, hicieron retroceder, al menos en retórica, al gobierno perremeísta.

Pero a pesar de expresiones favorables a una rectificación de la medida de recorte, el Director de Presupuesto fue enfático en que no se podía hacer ningún cambio debido a que ya había sido promulgada la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021, en la cual se aprobó el recorte del 50%, tal como lo había indicado el Presidente de la República.

En tal virtud, el alegato consistió en plantear que para volver al monto original, se requería un nuevo proyecto de ley que modificase el ya aprobado para el 2021. Obviamente, se trataba de un sofismo. Si hubiese habido voluntad real de rectificar la propuesta de recorte del presupuesto de los partidos, simplemente se habría introducido un nuevo proyecto.

Engaño e incumplimiento
Sin embargo, no se hizo. Fue un engaño y una burla a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos y a la opinión pública en general. En la ejecución presupuestaria del 2021, el gobierno se apropió, de manera ilegal, de los recursos correspondientes a los partidos políticos.

Si la intención del gobierno del PRM hubiese sido auténtica y honesta, para la Ley de Presupuesto General del Estado del 2022, lo habría resuelto. Pero tampoco fue así. Lo dejó igual que el año anterior, despojando nuevamente a los partidos políticos.

En el presupuesto del 2023, la práctica de apropiación forzosa continuó. Lo mismo en el 2024 y también en el 2025. En fin, cinco años consecutivos de abuso, ultraje y arbitrariedad, para un despojo multimillonario que, conforme a los ingresos nacionales, en términos porcentuales, les habrían correspondido en función del incremento anual.

Se sostuvo que la finalidad de esa imputación financiera a los partidos, organizaciones y movimientos políticos del país era para construir la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.

Todo eso resulta simpático. Erigir un templo de educación superior concita el aplauso de todos, sobre todo si es a expensas de los recursos de los partidos políticos. Pero, casi seis años después, con recursos sobrantes disponibles, la pregunta sería: ¿Dónde está la construcción de la UASD? ¿A qué nivel se encuentra? ¿Dónde están las aulas inteligentes y los 14 laboratorios científicos de investigación?

Hasta ahora, esa construcción, como todo lo del gobierno, va a paso de cortejo fúnebre, por lo cual, cabría interrogarse: ¿Qué se ha hecho con la cantidad de recursos que exceden los montos de inversión en la construcción del centro universitario? ¿Por qué el gobierno no ha hecho una rendición de cuentas con respecto a esos recursos sustraídos injustamente a los partidos?

Esa es una explicación que el gobierno está en la obligación de ofrecerle a la sociedad dominicana. Sobre todo, porque se trata de una gestión gubernamental que ha hecho de la transparencia su buque insignia.

Riesgo de la estabilidad democrática
Ahora, luego de solicitar un encuentro con los principales partidos de oposición para intercambiar opiniones respecto del impacto que tienen sobre la República Dominicana las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, les sorprende con un nuevo recorte presupuestario de otro 50%.

De esa manera, de los 1,620 millones de pesos que conforme a la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, recibirían 41 organizaciones políticas, se limitaría a 810 millones de pesos.

Mientras eso ha ocurrido con respecto a los partidos políticos durante los cinco años de gobierno del PRM, resulta que este ha procurado ampliar su base de apoyo electoral mediante el incremento desproporcionado de la nómina pública, el aumento del gasto corriente, la multiplicación clientelista de programas de asistencia social, la extensión innecesaria de programas de subsidios y la búsqueda de préstamos con fines electorales.

Esto último fue lo que sucedió con la aprobación a vapor, a finales de diciembre del 2023, de un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para ser aplicados a la tarjeta Supérate, precisamente en el proceso electoral del 2024.

Eso fue una barbaridad. De todas maneras, para consolidarse, la democracia tiene que ser plural y equitativa. El financiamiento público a los partidos fue concebido, desde 1994, como un mecanismo institucional orientado a garantizar la equidad, transparencia y competencia justa de los partidos políticos dentro del sistema electoral.

Durante décadas, la República Dominicana ha podido crecer, avanzar y progresar debido a la estabilidad política democrática, en la que los partidos políticos se erigen en su columna vertebral.

Lo trascendente de ese sistema es que no es necesario acudir a la violencia para acceder al poder. Por el contrario, cualquier organización política puede legítimamente llegar a dirigir los destinos de la nación por medio de mecanismos legales consagrados en la Constitución y en nuestro sistema electoral.

Felicitamos a la Junta Central Electoral por izar la bandera de la democracia y la equidad electoral, con la esperanza de que en esta ocasión el gobierno no repita sus truculencias del pasado.