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viernes, 8 de mayo de 2026

JCE advierte reducción al financiamiento de partidos afectaría estabilidad del sistema democrático

Santo Domingo;- La Junta Central Electoral expresó este jueves su preocupación ante la propuesta de reducir nuevamente los recursos destinados al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos contemplados en el Presupuesto General del Estado para el año 2026.

A través de un comunicado oficial, el órgano electoral recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en los años no electorales corresponde asignar a los partidos políticos el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales.

Sin embargo, la institución señaló que mediante la Ley 99-25, correspondiente al Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal de 2026, ya se había aprobado una reducción al fijar dicha contribución en 0.12 %, cifra que representa menos de la mitad de lo que dispone la legislación vigente.

La entidad advirtió que una nueva disminución de esos fondos impactaría de manera negativa la planificación financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones políticas, además de comprometer obligaciones previamente asumidas bajo el marco legal establecido.
La Junta Central Electoral sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial para el funcionamiento democrático del país, al representar uno de los pilares fundamentales del sistema político-electoral dominicano.

Asimismo, indicó que una eventual reducción presupuestaria podría afectar principios clave como la equidad en la contienda electoral, la seguridad jurídica y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a las organizaciones políticas.

El organismo recordó además que la Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, le otorga la responsabilidad de garantizar procesos electorales transparentes, equitativos y ajustados a la legalidad.

Finalmente, la Junta Central Electoral hizo un llamado a las autoridades competentes para que cualquier decisión se adopte respetando el marco constitucional y legal vigente, preservando así la estabilidad democrática y el adecuado funcionamiento del sistema de partidos del país.
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