Los apresamientos no siempre se producen porque las pruebas sean abrumadoras, sino porque si es viral impone un ritmo que las instituciones no se atreven a ignorar.
El mismo patrón se repite siempre, un caso, sea grave o menor explota en TikTok, Instagram, Facebook o X; miles de usuarios exigen justicia.
Los influencers lo amplifican con narrativas emocionales, selectivas o directamente manipuladas; y de inmediato el Ministerio Público se activa, la Policía Nacional despliega operativos visibles y los jueces dictan prisión preventiva casi de manera automática.
Lo que debiera ser un ejercicio de veeduría pública, de observación y segumiento a las acciones de estas instituciones, se convierte en presión, amenazas y retaliación sino actuan segun su criterio.
De ahí que la respuesta no responde tanto a la gravedad intrínseca del hecho ni al debido proceso, sino al volumen de interacciones digitales. La presión mediática y en redes sociales se han convertido en una especie de procurador fiscal, policía y juez. .
Esta forma de actuar deteriora pilares fundamentales del estado de derecho.
La independencia judicial se tambalea cuando un juez sabe que una decisión impopular en redes puede convertirlo en blanco de campañas de descrédito masivo.
El principio de presunción de inocencia se diluye cuando la “sentencia” popular ya se dictó en comentarios y lives antes de que el expediente llegue a los tribunales.
Y el debido proceso establecido en la constitución queda relegado ante la urgencia de “dar respuesta” al clamor viral.
Muchos de estos influencers y creadores de contenido carecen de formación jurídica, periodística o siquiera ética básica en manejo de información. Publican sin verificar fuentes, omiten contexto, exageran hechos o peor aún, los inventan para ganar comentarios y “Me gusta”.
Sin embargo, su alcance masivo les otorga un poder desproporcionado, pueden “quitar y poner” reputaciones, presionar por apresamientos o, en el reverso, silenciar casos graves cuando no convienen a su audiencia o a sus intereses.
Ejemplos abundan en los últimos años: influencers que han impulsado linchamientos digitales por acusaciones sin pruebas sólidas, casos menores que adquieren proporciones nacionales por la amplificación en redes, o escándalos que se minimizan porque los “comunicadores” prefieren no tocarlos, como se ha visto en polémicas recientes donde ciertos creadores callan selectivamente ante temas sensibles).
Algunos han llegado tan lejos, pero tan lejos, que colocan reloj contando los minutos para que una persona sea asesinada, otros mas osados han sugerido la pena de muerte para los que ellos consideran delincuentes.
Y muchas veces la policía los complace.
Se han convertido en verdaderos terroristas de la palabra, temidos por las autoridades, admirados por una población que ignora el debido proceso, los derechos fundamentales y todo lo que sea legal.
Las consecuencias son devastadoras, linchamientos morales irreversibles aunque luego se pruebe inocencia, justicia selectiva porque lo viral se castiga rápido.
Y una ciudadanía que aplaude la “justicia popular” sin notar que está aplaudiendo la arbitrariedad.
Las redes y su mal uso por algunos «influencers» nos arrodillan como sociedad por que convierten la indignación en sustituto del derecho, el hashtag en prueba reina y el trending topic en sentencia inapelable.
Por: Jacobo Colón;-
@jacobocolon1
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