❝La desaparición de las mesas de seguridad ciudadana❞.
Hace ya varios años que la estrategia para enfrentar la delincuencia en la República Dominicana ha tomado un giro preocupante.
Durante gestiones anteriores del Ministerio de Interior y Policía, se apostaba por un enfoque integral que buscaba atacar las raíces del problema delincuencial en el país.
Un ejemplo claro de esto fue la creación de las Mesas de Seguridad Ciudadana, coordinadas por dicho Ministerio con una participación protagónicas por las alcaldías de cada municipio del país.
Estas mesas reunían a diversos actores, representantes de diferentes Ministerios, iglesias, dirigentes comunitarios, la Policía Nacional, fiscalías comunitarias y otros sectores clave que influyen en los diferentes barrios del gran santo Domingo y de todo el país.
El objetivo era construir soluciones colectivas, sostenibles y profundamente arraigadas en las comunidades, reconociendo que la delincuencia no se resuelve únicamente con medidas coercitivas, sino abordando sus causas sociales, económicas y culturales.
Sin embargo, la gestión actual, encabezada por Faride Raful como Ministra de Interior y Policía, ha optado por un enfoque diametralmente opuesto.
La estrategia se ha inclinado hacia la represión; macanas, violaciones de derechos humanos, arbitrariedades, torturas, fabricación de expedientes y los tristemente célebres «intercambios de disparos».
Estas tácticas, lejos de resolver el problema, han generado un alto costo para la sociedad dominicana.
No solo se han vulnerado derechos fundamentales, sino que se han socavado las conquistas democráticas logradas a lo largo de años, pisoteando la Constitución y los principios de un Estado de derecho.
Los resultados de esta política son, en apariencia, una disminución de la delincuencia.
Sin embargo, esta reducción es engañosa, comparable a colocar un tapón en un tubo por donde brota excremento.
El problema no se resuelve; solo se contiene temporalmente.
La delincuencia, alimentada por desigualdades sociales, falta de oportunidades y una institucionalidad débil, no desaparece con represión.
Al contrario, al no atacar las causas estructurales, el problema persiste bajo la superficie, acumulando presión hasta que el «tapón» inevitablemente ceda.
Cuando esto ocurra, las consecuencias podrían ser aún más graves, con un rebrote de la delincuencia que podría desbordar el sistema.
La experiencia de las Mesas de Seguridad Ciudadana demostró que la colaboración intersectorial y el enfoque preventivo son herramientas poderosas para construir comunidades más seguras.
Ignorar este legado en favor de medidas represivas no solo es un retroceso, sino una apuesta peligrosa que pone en riesgo la estabilidad social y el respeto por los derechos humanos.
La solución no está en más macanas ni en más expedientes fabricados, sino en un enfoque integral que combine prevención, educación, oportunidades económicas y fortalecimiento institucional.
¿Vale la pena sacrificar los principios democráticos y los derechos humanos por una aparente calma pasajera?
La delincuencia no se erradica con represión, sino con soluciones profundas y sostenibles.
De lo contrario, el costo de este «tapón» lo pagaremos todos. Por: Jacobo Colón;-
@jacobocolon1
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