La Antigua Orden Dominicana, una organización de carácter cívico, cuyo líder, Ángelo Vásquez, definió como un instrumento al servicio de las causas patrias: defensa de la soberanía nacional, integridad territorial y valores identitarios, ha sido protagonista de una serie de acciones mediáticas y de masas que han ido llamando la atención de la sociedad, ante la creciente preocupación expresada por diferentes sectores respecto a un flujo migratorio que, a decir de muchos, se ha salido del control de las autoridades del gobierno que, frente a los reclamos de controles y exigencias para que se cumplan de las leyes que regulan la presencia de extranjeros en el país, responden con declaraciones que apuntan a convencer a la población de que existen o se implementarán planes de deportaciones que en los hechos no ocurren.
El más reciente e importante evento realizado por la entidad, fue una marcha “pacífica” que tuvo como escenario la comunidad de Friusa, un villorrio ubicado en Punta Cana, el más importante polo turístico de la República Dominicana, de todo el Caribe insular y de América Latina, sólo por detrás de Cancún. Los días previos a la actividad, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales se convirtieron en un hervidero de opiniones que giraron en torno a la conveniencia o no de la marcha; a la capacidad de convocatoria de Ángelo y su Antigua Orden y al papel que las autoridades debían jugar atendiendo a lo que establecen la Constitución de la República y nuestras leyes respecto al derecho a la protesta y el libre tránsito.
El origen de la marcha-protesta tenía como finalidad llamar la atención a las autoridades del gobierno y, a todo el país, sobre el descontrol migratorio, tomando como escenario una comunidad que se ha convertido en un pequeño Haití, donde las leyes dominicanas no funcionan y ningún funcionario o empleado ligado a la seguridad puede tocar su territorio. De hecho, los policías y militares que “acompañaron” a los manifestantes, impidieron la entrada de éstos al lugar denominado Matamosquitos, donde se concentra la mayor cantidad de irregulares extranjeros; anclados allí para estar cerca de las oportunidades que les brindan los negocios hoteleros que, en los últimos años, han ido sustituyendo a los empleados dominicanos por ellos, debido a la ventaja económica que les representan: bajos salarios, ausencia de prestaciones, incumplimiento de las leyes laborales, entre ellas la que dispone de la seguridad social.
Es notorio cuando se llega a uno de esos hoteles, que desde el portero hasta el mesero, pasando por el recepcionista, la mucama, el o la masajista, los salvavidas y cocineros, son mayoritariamente haitianos, una cuestión que comienza a preocupar a los dominicanos que visitan estas instalaciones, debido a que la crispación entre ambas comunidades ya genera desconfianza y hasta miedo; algo, a mi juicio, infundado, pero que empieza a calar, murmurándose con cierta profusión en las redes sociales, las reuniones entre amigos y familiares. Una situación nada aconsejable para el negocio ni para la obligada convivencia que, en materia de vecindad, debemos preservar.
Es natural que el bienestar económico del país atraiga a los vecinos que sobreviven al hambre y la violencia en el suyo; pero, aunque históricamente los países han contado, para impulsar su desarrollo, con fuerza de trabajo extranjera, es preciso aclarar que la migración debe programarse de acuerdo a las demandas de la economía, porque desbordar esas necesidades ponen en riesgo la soberanía, integridad territorial e identidad de un país. De ahí que debamos revisar y reflexionar sobre la forma en que operan estos negocios turísticos rentistas (y otras áreas de la producción) que se beneficien de exenciones fiscales, no emplean dominicanos y sus ganancias salen a engordar otras economías.
@Manolopich
mapich@gmail.com
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