La encrucijada de los deportados

Miles de dominicanos que residen y trabajan en Estados Unidos corren hoy el riesgo de ser víctimas de las redadas y deportaciones indiscriminadas que las autoridades migratorias de ese país están realizando en ciudades con alta concentración de nuestra diáspora.
Este fenómeno no solo representa un desafío humanitario, sino también una encrucijada política y social para nuestro país, que debe actuar con prontitud y sensibilidad para recibir a sus connacionales.
La repatriación forzosa de estos compatriotas, muchos de los cuales no tienen antecedentes delictivos, plantea la urgente necesidad de que el gobierno diseñe e implemente una política integral de recepción y reinserción.
Hay que brindarles herramientas concretas para que puedan reconstruir sus vidas, especialmente cuando, al ser deportados, pierden sus empleos y quedan separados de sus familias.

No basta con recibirlos; hay que acogerlos con dignidad, brindarles oportunidades y trabajar para que su reinserción en la sociedad dominicana sea justa y efectiva.
Es importante recordar que cada año esos compatriotas envían remesas que superan los 10 mil millones de dólares, una cifra que representa un pilar esencial para el sustento de miles de familias y para la estabilidad macroeconómica del país.

Mal haría el gobierno en recibir a estos deportados como si fueran delincuentes, sometiéndolos a procesos humillantes, como su ingreso al centro de retención de Haina y la apertura de fichas que, en lugar de ayudar, estigmatizan y agravian a personas que no han cometido ningún crimen en territorio dominicano.

Resulta inadmisible que se aplique a estos últimos el mismo procedimiento general que se utiliza con los que son deportados tras cumplir condenas en Estados Unidos.
Estos de ahora, arrancados de sus hogares y trabajos de manera abrupta, no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda categoría.

Convertirlos en “moralmente insolventes” e inhabilitarlos para trabajar y rehacer sus vidas no solo es injusto, sino también contrario a los principios constitucionales que garantizan sus derechos fundamentales.
Ante esta realidad, es imperativo que el Estado diseñe una política migratoria humanizada, que incluya un protocolo de recibimiento y apoyo para la reinserción social y laboral de los deportados.

Tomado del editorial de

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