Cualquiera pensaría que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo es el funcionario que elabora decretos y leyes o que por lo menos los examina, pero está demostrado que en materia de leyes y decretos el país está manga por hombro y cualquier funcionario redacta y hace aprobar cualquier tropelía.
Desde el 2020 se registra este avance y retroceso que motiva el decir que la guagua va en reversa. Esta imagen no puede continuar y el presidente de la Republica debe poner más atención al accionar de sus funcionarios porque las culpas nunca caen al piso, los errores serán su desmérito. La retahíla de truncas decisiones debe quedar en el pasado.
Es bueno contar con un mandatario que es capaz de subsanar un error, pero no que vive incurriendo en ellos por falta de cuidado. Contar con la capacidad de comprar voces y congresistas no siempre funciona como patente de corso, porque el pueblo está de por medio y precisamente la decisión de obligar a los empleados públicos quizá no tendrá protesta pública por la condición de los afectados, pero se ve como un abuso, como un acto de prepotencia que busca ocultar la ineficiencia gerencial.
El gobierno es una empresa de servicio público que debe operar con mucho cuidado para no atropellar a los accionistas. El gerente de información del gobierno confesó recientemente que realiza hasta tres encuestas semanales sobre diversos temas para saber el pensamiento del pueblo. Este estudio de mercado es una herramienta que permite conocer de ante mano el efecto que tendría cualquier medida, pero parece que quien las interpreta las lee al revés o están mal realizadas.
Sería oportuno que el gobierno usara distintas firmas para un mismo estudio para que pueda elegir el que parezca más fiable y pueda eludir esta práctica de incurrir en errores.
Si decide actuar con mayor prudencia le sugiero que investigue que piensa el pueblo de esa actuación errática. Que no se crea es versión de que sube de popularidad cuando reconoce que metieron la pata.
El pueblo pierde la fe en las decisiones del gobierno y puede llegar a creer que todo es reversible, que basta con una protesta a golpe de redoblante para que el pánico marche a paso de miedo por los pasillos de Palacio.
Cuando se creía que la decisión de poner a un funcionario a ser pitcher y bateador seria el último error ya que provocó un grito al cielo del Consultor Jurídico, brota de la nada la disposición que obliga a los empleados públicos a rendir cuentas de cómo manejar sus ingresos. Esta injerencia en la vida privada del ciudadano viola la Constitución, pero parece que en el gobierno eso nada importa y así no debe ser.
Por: Alfredo Freites;-
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