Ante esa disposición, diversos sectores de la población la consideran violatorio a la Constitución, según lo establece su artículo 39 sobre los derechos que tienen las personas.
El citado artículo establece que los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley, por lo que deben recibir “la misma protección y trato de las instituciones”, así como lo contenido en el mandato 57, donde se señala que “la familia, la sociedad y el Estado trabajarán en conjunto para proteger y asistir a las personas de la tercera edad”.
La interpretación de esos textos lleva al abogado Misael Valenzuela, especialista en legislación de tránsito y transporte, al ser consultado por el periódico Listín Diario, a calificar las medidas como inconstitucionales e invita a aplicar exámenes a modo de alternativa.
“Es inconstitucional que a una persona por ser mayor a los 65 años, se le cobre el doble para su licencia de conducir o se reduzca su duración de cuatro a dos y cobrarles más, cuando deberían ser menos”, dice el jurista luego de desglosar lo dictado en la Carta Magna.
Cuestionó la sentencia número 0005/2020 del Tribunal Constitucional, que cambió la jurisprudencia con relación a la libertad de trabajar y la presunción de ineptitud, “porque una persona sea mayor de edad no significa que no tenga las condiciones óptimas”.
De ahí que recomienda le sea realizada una evaluación de las aptitudes a los adultos correspondientes a ese rango de edad, para determinar la renovación o no de los documentos.
“El INTRANT simple y sencillamente está facultado para darle un nuevo examen a los fines de la renovación, lo que no solo debe aplicarse para ellos, sino para cualquier persona”, añadió.
El experto invitó a conocer las estadísticas de accidentes de tránsito y ver la incidencia que tienen los envejecientes en los mismos, además de cuestionar que frente a otros -como los motociclistas- no se realicen inspecciones e inciden más.
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