Según su presidente, Milton Ray Guevara, de esa cantidad, 92 corresponden a instituciones oficiales.
Demasiado grande se torna, pues, esta burla.
Dejando de lado las razones que impiden o dificultan acatar estas sentencias, nada justifica que el poder de veredicto inapelable que estas ostentan, sea ignorado o incumplido.
Estos desacatos ilustran una peligrosa falta de respeto a la institucionalidad del país y, por ende, al propio tribunal, garante único de los principios y normas que le confía la Constitución.
Más desalentador es que sean las instituciones oficiales las que acumulen el mayor número de desacatos.
Cuando desde el poder mismo se actúa con tal displicencia, se está dando un imprudente e inaceptable ejemplo al resto de la sociedad.
Y, de paso, se está desconociendo la autoridad y la majestad del Tribunal Constitucional, la más alta corte del país.
Saludable sería que el Tribunal Constitucional, en pleno derecho, descubra públicamente a los que desacatan sus sentencias, para que la sociedad pueda tener una idea de quiénes son, por el momento, los que asumen la institucionalidad como una mera ficción.
En cualquier caso, el Tribunal Constitucional debe apelar a sus mecanismos legales para hacer valer sus decisiones y el gobierno, de su lado, hacer el mayor esfuerzo para que las instituciones en desacato se ajusten sin más cortapisas a la legalidad.
Tomado del editorial de
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