El Tribunal Constitucional anuló la disposición de la Ley 33-18, de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que otorga poder a los
organismos de dirección de los partidos para decidir el tipo de padrón,
la modalidad y el método a utilizar en el proceso de selección de
candidatos a ser postulados en los niveles de elección presidencial,
legislativa y municipal.
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