Sin embargo, en los últimos años, esta institución parece haber perdido el rumbo, transformándose en lo que muchos ciudadanos perciben como una máquina de recaudación de fondos, compitiendo de manera implícita con la Dirección General de Impuestos Internos, Aduanas o cualquier otra agencia recolectora estatal.
Esta percepción no es un simple rumor, es una realidad que se vive a diario en las calles del país y que ha generado un profundo rechazo en la población.
Basta con recorrer las principales avenidas de Santo Domingo o cualquier ciudad dominicana para constatar el caos vial.
Los tapones son interminables, los semáforos muchas veces no funcionan, y los conductores, en su desesperación, violan normas básicas de convivencia vial.
En este escenario, uno esperaría que los agentes de la Digesett se dedicaran a organizar el flujo vehicular, dirigir el tráfico en puntos críticos y garantizar que las leyes de tránsito se cumplan de manera equitativa.
Pero, en lugar de eso, sus esfuerzos parecen centrarse en imponer multas y confiscar vehículos, especialmente motocicletas, que son el medio de transporte de miles de dominicanos de escasos recursos.
En vez de organizar el desorden, se esconden a esperar si, en medio del desorden un conductor viola las normas, su interés parece ser solo la multa o la incautación cuando debiera servir de organizador.
Los orígenes de la Digesett son los AMET, los cuales recordamos con respeto, por su labor en beneficio de la población, el trabajo de Hamlet German es recordado por lo positivo que fue para el tránsito y el orden que imponían.
Es hora de retomar con la Digesett las acciones y forma de manejarse de los AMET.
El problema no es solo la priorización de las multas sobre la regulación del tránsito, sino también la evidente selectividad en la aplicación de la ley.
Los autobuses de transporte público y los carros de concho, conocidos por sus maniobras temerarias y paradas improvisadas, suelen operar con una impunidad que contrasta con la rigurosidad con la que se persigue a motociclistas o conductores privados.
Incluso, las “guaguas” del transporte público, casi en su totalidad, exhiben parachoques de hierro en la parte delantera y trasera, aditamento claramente prohibido en la ley 63-17, pero transitan violando las normas con una impunidad asombrosa.
Un vehículo privado es detenido por vidrios tintados, placas no visibles, una luz apagada, pero “Las guaguas” publicas no tienen que cumplir ninguna norma legal, parece que tienen licencia para violar la ley.
Esta discrecionalidad y selectividad genera indignación y refuerza la percepción de que la Digesett no busca el bien común, sino llenar las arcas públicas a costa de los más vulnerables.
Un ejemplo reciente y convincente viene de Las Matas de Farfán, donde el propio alcalde ha denunciado públicamente que los agentes de la Digesett, en lugar de organizar el tránsito y prevenir congestionamientos, se dedican a multar a campesinos que regresan de sus fincas.
Estas personas, que dependen de sus motocicletas para subsistir, son blanco fácil de un sistema que parece más interesado en sancionar que en servir.
Historias como esta se repiten a lo largo y ancho del país, alimentando el repudio hacia una institución que debería ser un aliado de los ciudadanos, no su verdugo.
¿Es la Digesett un organismo recaudador o uno dedicado a organizar el tránsito?
La respuesta, a juzgar por su desempeño, se inclina peligrosamente hacia lo primero.
Si bien es cierto que las multas son una herramienta válida para fomentar el cumplimiento de las leyes, no pueden convertirse en el eje central de su labor.
Las autoridades están conminadas a revisar el rol de la Digesett y tomar medidas para restaurar su credibilidad.
Esto incluye capacitar a sus agentes, establecer metas claras orientadas al bienestar colectivo y garantizar que sus acciones respondan a las necesidades reales de la población.
Solo así podrá transformarse de nuevo en una institución al servicio del pueblo, en lugar de ser vista como un obstáculo para los dominicanos que luchan día a día por salir adelante.
La Digesett tiene una oportunidad de redimirse, pero el tiempo apremia.
Los ciudadanos merecen un tránsito más seguro y una institución que los proteja, no que los persiga.
@jacobocolon1
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