… Pero, un día (voz de Rodriguito)... nos enteramos que la seguridad nacional estaba en manos privadas, por encima del todopoderoso DNI, leviatán temido en todas las épocas. Ahora el beneficiario del insólito contrato es acusado de sabotaje, terrorismo y de captura e interceptación de datos personales e información corporativa confidencial.
Una compañía privada, propiedad es Jochi Gómez, gracias al acuerdo, también se colocó por encima del ministerio de Defensa, al cual figuraba “adscrita”, pese a todos los departamentos de inteligencia que figuran en los cuerpos militares. Además, de la superestructura denominada C5i, depositario de amplios recursos y tecnología actualizada, abarcando el territorio nacional.
El contrato es de junio del 2024, ya derrotado el PLD, que aún dirige Danilo Medina y continuó hasta septiembre último cuando el beneficiario se tornó desafiante en el reclamo de validación de otro negocio por 1, 300 millones de pesos, que Contrataciones Públicas denunció como irregular, pese a lo cual se mantuvo vigente. (“No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo”, reprochó Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental al referirse al contrato que Intrant adjudicó a Transcore Latam).
Extrañamemnte, el contrato continuaba en ejecución, mientras Gómez reclamaba pagos y todo el ámbito oficial se mantenía en silencio, hasta que se cumplió la amenaza lanzada por el abogado del empresario y fueron apagados los semáforos en el centro del Distrito Nacional. Intrant acusó a Gómez y remitió la queja al ministerio público y el experto en inteligencia acusó a funcionarios del gobierno.
El reclamo público de esclarecimiento y definición de la situación se elevó, pasando por la denuncia del expresidente Leonel Fernández, sobre alegado espionaje desde la red semafórica (que se apresuraron a desmentir funcionarios y legisladores oficialistas) hasta la conferencia de Mike Pompeo, invitado por Gómez para presionar en su favor.
El ministerio público despertó, llamó a Gómez a interrogatorio y allanó el apartamento de Hugo Beras, exdirector de Intrant e intervino Aurix, la empresa asesora de inteligencia de Gómez . Ambos detenidos (con excesos y atropellos en el caso del segundo), además de otros 5 y ya acusados de crear una “estructura de crimen organizado” para estafar al Estado “amañando procesos de licitación”, “creación de un esquema de lavado de activos”.
Según el ministerio público Beras “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas” y “es el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación”.
Jochi Gómez aparece como “el principal beneficiario económico del esquema corrupto” y responsable de controlar “fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia, además se le investiga por desfalco, lavado de activos y “usurpación de identidades empresariales, entre otros. Es señalado como el “responsable principal del sabotaje a la red semafórica”, así como de “actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano”.
Gómez y sus colaboradores han insistido en que brindaban eficientes servicios de inteligencia al gobierno y han divulgado alegados informes que dirigían al presidente Luis Abinader. El tono es amenazante y creciente y la impresión es que temas sensitivos que pudieran afectar al gobierno serían revelados. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué intereses mediaron para que gobernantes colocaran asuntos de seguridad nacional en manos privadas, favoreciendo personas que en el pasado enfrentaron acusaciones en los tribunales vinculadas a temas similares? ¿Habrá otros contratos, escandalosamente cuestionables esperando turno? Grave el asunto. Pero hoy el gobierno presenta la reforma fiscal y todo cambiará.
Parecería que lo peor no ha salido a relucir.
Por Cristhian Jiménez ;-
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