El libreto se ejecutó a la perfección. Danilo Medina concibió una producción ruidosa para justificarse internacionalmente y Jean Alain Rodríguez la ejecutó con algunos toques personales sádicos. No entiendo la sorpresa de algunos y la responsabilidad que buscan atribuir a quienes les tocó juzgar el mamotreto carente de pruebas. Las denuncias desnudando la trama se hicieron oportunamente.
El sistema de corrupción elaborado por la constructora brasileña Odebrecht en una docena de países se convirtió en un escándalo internacional que provocó renuncias de presidentes y encarcelamientos de exmandatarios y el suicidio del peruano Alán García, minutos antes de su detención.
La empresa admitió corrupción, negoció delatar a beneficiarios y Estados Unidos ejercicio presiones locales, por lo que el entonces presidente Medina optó por diseñar un expediente de enorme impacto mediático que implicó, con selectividad de francotirador, al presidente y al secretario general del principal partido opositor, expresidentes de las cámaras legislativas, presidenciables del PLD, entre otras figuras destacadas.
Medina estaba urgido de espantar el fantasma, de una ingeniosa distracción que lo distanciara de una investigación que conducía a él, debido a la imponente presencia de Odebrecht en el país y la cercanía con personajes que serían centro de la investigación. Su principal asesor político, Joa Santana, prácticamente salió del Palacio Nacional a una cárcel brasileña y la División de Operaciones Estructuradas, la oficina de corrupción, había sido trasladada a República Dominicana por conveniencia.
El entonces Procurador Jean Alain Rodríguez ejecutó a la perfección su coreografía con allanamientos espectaculares televisados, alimentando su ego con cada puesta en escena y rehusó acceder a las pruebas que ofrecían las autoridades brasileñas, prefiriendo maliciosamente frágiles declaraciones como “pruebas” de delatores premiados.
Al intentar avanzar a los tribunales, traspasada la barrera mediática, se encontró con valoraciones legales que molestarían a él a su jefe y que luego se convertirían en una agresión ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra la “atrevida” jueza suprema Miriam Germán.
“En el estado actual del este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el ministerio público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento; por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”, dijo la magistrada Germán.
Y agregó: “Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el ministerio público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el “yo creo”, “me parece”, y en algunos aspectos, una tajante negativa”.
En vez de fortalecer la acusación, que no era el interés político, se desataron los demonios contra la jueza y se continuó con la comedia, que inició con 14 imputados, se redujo posteriormente a 6 y terminó con dos condenados: uno por soborno, sin sobornados, y otro por enriquecimiento ilícito. Un desastre. Eso se quería.
Las partes agotaron todos los recursos legales y al final una profunda herida a la lucha contra la corrupción.
Una compañía admitió que era delincuente y aceptó pagar compensaciones y cooperar en las investigaciones, con resultados sancionadores en varios países y un hermoso paraíso de la corrupción donde se deshizo el entramado criminal con beneficios económicos y políticos para patrocinadores.
La culpa no es de los jueces. Tampoco de la Procuradora Germán.
Empero, sería provechoso que desde el ministerio público se examine la situación y se reflexione sobre la terrible experiencia.
Por Cristhian Jiménez ;-
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