Finalizadas
las elecciones presidenciales y legislativas de la República
Dominicana, desarrolladas exitosamente el domingo 5 de julio, se ha
promovido el debate ante la opinión pública nacional, con
interpretaciones legales retorcidas, basadas en cuestionamientos
infundados, con los que se intenta favorecer y/o despojar a una o más
organizaciones políticas, del derecho adquirido en el recién culminado
proceso a recibir una fracción del 80 % de los fondos correspondientes a
los partidos que alcanzan el 5 %, de los votos válidos emitidos en la
última elección, según lo establece el artículo 61, de la Ley núm.
33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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